Pide ONU un órgano antitortura en el país

Debe tener peritos profesionales e imparciales, dice; nuevo sistema de justicia, “oportunidad histórica”

La investigación de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa ha tenido confesiones bajo tortura, según la ONU-DH (ARCHIVO EL UNIVERSAL)
Nación 27/06/2016 02:14 EFE y AP Actualizada 02:14
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La Organización de Naciones Unidas instó al gobierno de México a poner en marcha una institución nacional autónoma de peritos y forenses imparciales que supere las “limitaciones” que tienen en la actualidad estos servicios para documentar la tortura y para salvaguardar los derechos de las víctimas.

En un comunicado, la oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos instó a que esta nueva institución la conformen peritos “profesionales, independientes e imparciales” a fin de que puedan garantizar el éxito del nuevo sistema de justicia penal que entró en vigor este mes, así como la investigación “rigurosa” de cualquier acto de tortura.

La ONU aprovechó la celebración del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura para reiterar la necesidad de excluir toda prueba obtenida bajo tortura y de sancionar a los responsables de tales prácticas como única vía para llegar a una “justicia verdadera y no simulada”.

La oficina en México del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos calificó el nuevo sistema de justicia penal del país como una “oportunidad histórica” para acabar con la tortura.

“La ONU-DH en México saluda la plena entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal”. Ello porque “su efectiva implementación supone un gran avance en el respeto a los principios del debido proceso y una oportunidad histórica para erradicar la tortura y proteger los derechos de las víctimas de esta grave violación a los derechos humanos”.

Naciones Unidas y diversas ONG han denunciado el uso sistemático de la tortura en México, una realidad que incluso el gobierno ha reconocido, aunque las autoridades siempre lo han considerado un mal puntual.

El gabinete del presidente Enrique Peña Nieto se ha comprometido públicamente a erradicar este problema, pero las denuncias de confesiones obtenidas bajo tortura y utilizadas como prueba de cargo han sido una constante en el país incluso en la investigación más importante de los últimos años, la de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en Guerrero, ocurrida en septiembre de 2014. 

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