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El Senado aprobó la Ley Nacional de Ejecución Penal que representa un cambio del régimen penitenciario, que acabe con las condiciones en que las cárceles funcionan como escuelas del crimen, e implementa una estructura, cuyo objetivo es alcanzar la reinserción social de las personas privadas de su libertad.

Un artículo transitorio dispone que puedan obtener la libertad anticipada quienes hayan cometido delito de robo simple por un valor que no exceda de 80 salarios mínimos, sin violencia; también se benefician quienes estén en la cárcel por posesión sin fines de comercio de marihuana, en porciones de la multiplicación por mil de la cantidad mínima que señala la Ley General de Salud, de cinco gramos.

En ese sentido, podrán obtener su libertad quienes estén en prisión por haber portado menos de cinco kilogramos de marihuana sin fines de comercio, y sólo aplicará a quienes hoy se encuentren purgando una condena, explicó la senadora Cristina Díaz.

Esta medida que requerirá de la implementación progresiva de la ley, permitirá que miles de personas obtengan su libertad, y con ello restar presión a los penales que registran problemas derivados de la sobrepoblación.

La nueva ley busca el reconocimiento de derechos humanos en prisiones. Pasó a la Cámara de Diputados para su revisión y eventual aprobación.

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