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Los senadores Fernando Yunes (PAN) e Iris Vianey Mendoza (PRD), secretarios de la Comisión de Seguridad Pública, coincidieron en que internet y las redes sociales deben ser un espacio de libertad de expresión de todos los ciudadanos, por ello aseguran que tienen reservas con la iniciativa de ley federal para prevenir y sancionar los delitos informáticos del senador Omar Fayad (PRI).

Yunes Márquez aseguró que internet es el espacio de libertad de expresión de todos los ciudadanos y ninguna opinión debe ser reprimida, “por el contrario, debe alentarse el uso de las nuevas tecnologías”.

Señaló que el principal error de la #LeyFayad, como se conoce en redes, fue que se presentó sin haberla consultado con organizaciones de la sociedad civil u otros sectores. “El tema más global que existe es el de las redes sociales e internet, por lo que debió haber una consulta con organizaciones, con empresarios y con las mismas autoridades”, mencionó.

Recordó que en la pasada Semana Nacional de Ciberseguridad, la Policía Federal expresó su preocupación por ciertos delitos que se cometen en la red, como el robo de identidad.

“Es derecho de cualquier ciudadano expresar sus opiniones de manera libre, pero hay delitos como el ciberterrorismo en los que sí debe ser analizada cierta regulación”, explicó.

Por su parte, la senadora Iris Vianey Mendoza dijo que no comparte la iniciativa de Fayad y que en breve, junto con organismos de la sociedad civil, presentará una propuesta legislativa sobre qué delitos tienen que tipificarse pero estrictamente relacionados con el tema de ciberseguridad.

Organizaciones en contra. La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) advirtió que la Ley Fayad pretende criminalizar las expresiones ciudadanas que usan los medios digitales para manifestar su descontento con el poder público.

Señaló que los artículos de la ley que hablan de la “intimidación” y “divulgación indebida de información de carácter personal” están redactados de manera ambigua, lo cual vulnera la libertad de expresión.

Para Carlos Brito, director de Incidencias de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, el problema central de la iniciativa es la propia ley. “Toda la iniciativa está mal desde el principio, tiene problemas en las definiciones, está mal su concepción y por tanto también están equivocados los tipos penales”, detalló.

Brito, quien participó en el movimiento estudiantil de 2012 #YoSoy132, coincidió con los legisladores en que los nuevos procedimientos para generar una política pública en el mundo sobre internet se hacen a través de un proceso multisectorial en el que las partes interesadas se sienten a dialogar en procesos abiertos.

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