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Comisiones unidas del Senado aprobaron por mayoría y en lo general el dictamen de la Ley Federal de Transparencia que contempla nuevas obligaciones para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, e incluye un capítulo de Gobierno Abierto.

Esto abre la puerta a la participación ciudadana en los procesos de deliberación de los tres órdenes de gobierno. Las reservas serán llevadas hoy al pleno del Senado de la República, toda vez que ya se le dio primera lectura al dictamen.

Hasta anoche, los presidentes de las comisiones Anticorrupción, Pablo Escudero (PVEM); de Gobernación, Cristina Díaz (PRI), y de Estudios Legislativos Segunda, Alejandro Encinas, analizaron una serie de recomendaciones presentadas de última hora por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (Inai) y el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), que de aceptarse pasarán como un adendum.

El Inai solicitó a los senadores que en la ley federal se faculte al instituto para tener primera vista en casos de violaciones graves a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad y casos graves de corrupción, así como incluir a los sindicatos y empresas filiales como sujetos obligados directos de la ley federal.

Sobre el recurso de revisión que el consejero jurídico de la Presidencia puede presentar ante la SCJN en caso de que esté en peligro la seguridad nacional, el Inai pidió ser parte del mismo, así como el ciudadano recurrente e incluso el sujeto obligado, como “tercero interesado”.

Solicitan ampliar las obligaciones para los sujetos obligados en materia energética como: garantizar la máxima transparencia de los contratos, asignaciones, permisos, alianzas y demás actos que el Estado suscriba con particulares, empresas productivas, subsidiarias y filiales en el sector eléctrico y de hidrocarburos.

Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, Pablo Escudero Morales (PVEM), destacó el trabajo de las comisiones unidas que realizaron desde hace seis meses junto con el Inai, especialistas y organizaciones de la sociedad civil.

Senadores del PAN y del PRD expresaron sus reservas al proyecto porque no se incluye a los sindicatos en la ley federal y por la atribución del consejero jurídico de la Presidencia.

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