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Las reformas electorales que limitan las candidaturas independientes y a los candidatos comunes en los estados de Tamaulipas y Baja California ya fueron impugnadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mediante seis acciones de inconstitucionalidad promovidas por los partidos Morena, PAN, PRD y Panal.

Las restricciones a los candidatos independientes se dan luego de que Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, ganara en las elecciones la gubernatura en Nuevo León, imponiéndose a los aspirantes de los tres partidos políticos tradicionales (PRI, PAN y PRD).

Dichas impugnaciones fueron admitidas a trámite por el máximo tribunal y para que se turnen a un ministro que deberá realizar el estudio de fondo y un proyecto de resolución, además de que se acumularon en un mismo expediente las acciones de inconstitucionalidad presentadas contra las reformas electorales de Tamaulipas y, en un expediente aparte, los cuestionamientos legales a la ley en Baja California.

De acuerdo con la lista de notificaciones de la Suprema Corte, en el caso de Baja California, los partidos inconformes con las leyes electorales aprobadas por el Congreso local son el PRD, Morena y Nueva Alianza, con el argumento de que impiden o limitan tanto las candidaturas comunes como a los candidatos independientes.

Uno de los candados más cuestionados para las candidaturas independientes es que se les exige a los aspirantes sin partido presentar las firmas de hasta un 3% de las personas inscritas en el padrón electoral estatal, es decir, se les obliga a reunir la misma cantidad de firmas que a un partido. En Baja California fueron impugnados los decretos 289, 290, 292 y 293, que reforman las leyes electorales estatales, reglamentan las candidaturas independientes, modifican la ley local de partidos políticos y que crean el Tribunal de Justicia Electoral de dicha entidad.

De cara a las elecciones estatales que tendrán lugar el próximo 2016, PRD, PAN y Morena también impugnaron las leyes y decretos que se aprobaron en Tamaulipas en junio pasado, normativa que también restringe la competencia para los candidatos independientes y que además impone límites a las alianzas o coaliciones entre partidos.

En ambos casos, los Congresos de Baja California y Tamaulipas, así como los titulares de los poderes ejecutivos, en ambas entidades federativas, han sido emplazados a presentar sus argumentos en defensa de las reformas electorales cuestionadas.

De igual forma, la Corte solicitó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que envíe una opinión sobre el tema, mientras que al Instituto Nacional Electoral (INE) acreditar que los dirigentes de los partidos inconformes son quienes presentaron las impugnaciones como marca la ley.

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