Proponen periodo extra para puntos pendientes

El senador Javier Lozano (PAN) propuso a la Comisión Permanente que convoque al Senado a un periodo extraordinario para aprobar los dictámenes en materia de desindexación del salario mínimo, expedir la Ley de Ahorro y Crédito Popular y reformar diversos ordenamientos derivados del caso Ficrea.

En un punto de acuerdo que se turnó a la Primera Comisión de la Permanente para su análisis y dictamen, Lozano Alarcón recordó que el 14 de diciembre de 2014 quedó de primera lectura el dictamen con el que se reformaba la Constitución en materia de desindexación del salario mínimo.

“Ese documento se aprobó por unanimidad en comisiones, pero debido a diferencias de última hora, se afectó el trabajo legislativo al dejar inconcluso el asunto”, dijo.

La propuesta plantea modificar el término “salario mínimo” sólo para efectos de su función como “Unidad de Cuenta” para proceder a su desindexación, es decir, desvincular el pago en la unidad de referencia de los costos de trámites, multas, impuestos, prestaciones, entre otros.

Expuso que la desindexación contribuirá a establecer una política de recuperación del poder adquisitivo de los salarios mínimos.

Lozano Alarcón exhortó a los grupos parlamentarios a retomar el compromiso adquirido y apoyar la realización de un periodo extraordinario para aprobar este tema.

Otro de los temas que debe ser aprobado —dijo—, es el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ahorro y Crédito Popular y reforma a la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamos, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que también quedó de primera lectura el 30 de abril de 2015.

Agregó que la norma tiene el propósito de continuar con el fomento del ahorro entre los pequeños ahorradores, al tiempo de proteger sus depósitos y salvaguardar su patrimonio en todo momento.

La propuesta “considera indispensable fortalecer el régimen de vigilancia y facultades de las autoridades respecto de la gestión de los negocios y los depósitos que las personas del sector social efectúen en las instituciones cuyo fin primordial es facilitarles el acceso a los servicios financieros”.

De ser aprobada beneficiaría a 80% de afectados por Ficrea, además de fortalecer los mecanismos de supervisión de las sociedades financieras populares y cooperativas de ahorro y préstamo.