Piden al Estado cumplir sentencia de la CoIDH a favor de campesinos ecologistas

En sesión privada, el organismo escuchó los alegatos de los representantes del Estado mexicano, así como de familiares y la defensa de los campesinos integrada por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional

Nación 02/09/2016 20:18 Dennis A. García Actualizada 20:18

A seis años de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en contra del Estado mexicano por la violación de los derechos humanos, tratos crueles, inhumanos y degradantes en contra de dos campesinos ecologistas de Guerrero, exigieron el cumplimiento total y no parcial de las medidas a favor de Cabrera García y Montiel Flores.

En sesión privada, la CoIDH escuchó los alegatos de los representantes del Estado mexicano, así como de familiares y la defensa de los campesinos integrada por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

“Este caso ejemplifica las deudas que el Estado mexicano tiene en materia de derechos humanos. Son deudas históricas, que siguen impactando en la sociedad y lo vemos, por ejemplo, con las denuncias penales por tortura ante instancias internas que quedan impunes”, declaró Marcia Aguiluz, responsable de CEJIL por el programa de Centroamérica y México.

Las organizaciones denunciaron que el sistema de registro de detenidos no controla la legalidad del procedimiento desde el momento de la detención. El registro actual opera desde que la persona es puesta a disposición del Ministerio Público, lo que deja brechas de tiempo en las que se generan vulneraciones a derechos humanos como retenciones prolongadas, torturas y tratos inhumanos.

También exigieron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el Estado mexicano cumpla con su obligación de adecuar su Código de Justicia Militar a los estándares internacionales. Este punto aún está pendiente para cumplir con la decisión de la Corte.

Actualmente, en la jurisdicción militar aún se puede investigar violaciones de derechos humanos que se cometan por las Fuerzas Armadas, abriéndose dos procedimientos paralelos: uno en el fuero militar y otro en el fuero civil, que aplican tipos penales distintos sobre los mismos hechos. Esta decisión, expusieron las organizaciones, contraviene la independencia en las investigaciones y repercute en la impunidad en que los delitos puedan quedar.

ml

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