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Alista PRD y MC acción de inconstitucionalidad por 3de3

Argumentan que la redacción del artículo 29 impide el ejercicio pleno del derecho de acceso a la información, garantizado por la Constitución para que funcionarios públicos presenten sus declaraciones

Nación 06/07/2016 14:09 Horacio Jiménez y Suzzete Alcántara Actualizada 14:25

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Las bancadas del PRD y MC en la Cámara de Diputados alistan la presentación de una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades, en la llamada Ley 3de3 del Sistema Nacional Anticorrupción, y así obligar a que todos los funcionarios públicos presenten sus declaraciones patrimonial, de interés y fiscal y la hagan pública.

De acuerdo con el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, hasta el momento llevan recabadas más de 60 firmas de legisladores de su partido y del sol azteca; de manera paralela, también suscribieron este recurso algunos legisladores de Morena y del PAN.

En dicho documento se argumenta que la redacción del artículo 29 impide el ejercicio pleno del derecho de acceso a la información garantizado por la Constitución, ya que es contradictorio al sostener, por un lado la publicidad de las declaraciones, y por otro condicionarla a la “posible” afectación de la “vida privada” de un servidor público.

"El espíritu del artículo 29 es establecer mecanismos de control y supervisión sobre la actuación de los servidores públicos mediante la publicidad de sus declaraciones, cosa que no se cumple con su redacción, por lo que es inoperante e ineficaz, ya que el objetivo de la norma queda sujeto a la condición de la “posible” afectación de la “vida privada”.

Asimismo, de acuerdo con la fracción II del apartado A del artículo 6° constitucional, la información considerada confidencial o que pueda afectar la vida privada, será protegida en los “términos y con las excepciones que fijen las leyes”, de lo que se deriva que compete exclusivamente al Poder Legislativo valorar, mediante una prueba de interés público, qué datos personales pueden difundirse y cuáles no. En este sentido, el artículo 29 es inconstitucional porque confiere esa facultad a un Comité que deberá considerar la “posible” afectación a la “vida privada”.

 

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