Seguridad pública como derecho humano

Nación 06/05/2016 02:09 Juan Federico Arriola Actualizada 02:09

“El Estado antes de castigar, debe prevenir los delitos”

Cesare Beccaria (De los delitos y las penas)

El Estado de Derecho implica que autoridades y gobernados, todos sin excepción, estemos sujetos al régimen jurídico. La seguridad pública es uno de los derechos humanos más importantes y donde más ha fallado el Estado mexicano desde hace varios sexenios. La inseguridad va acompañada en varios sitios de México por la ingobernabilidad y por algo peor, la corrupción de algunas autoridades que vendieron sus almas al diablo.

La violencia criminal persiste en diversas entidades federativas, incluida la capital de la república, la Ciudad de México, llamada así desde hace siglos y no sólo a partir de la reforma constitucional. Los ajustes, los secuestros, las extorsiones, las desapariciones continúan de manera dramática. Maquillar cifras es relativamente fácil, pero la realidad no puede ocultarse con datos oficiales.

La criminalidad debe prevenirse, por ejemplo, con más generación de empleos que en los últimos veinticinco años ha sido insuficiente. Los especialistas en aspectos laborales y de seguridad social han sostenido con datos económicos y demográficos, que desde 1995 se requería generar por lo menos 1 millón de empleos anualmente. Sin embargo, desde entonces hasta ahora no ha habido ningún gobierno que haya generado esa suma de empleos permanentes con seguridad social. La exclusión social es otro factor criminógeno. Millones de jóvenes permanecen en la pobreza y fuera del mercado laboral y sin espacios educativos, de ahí que puedan ser cooptados con relativa facilidad por la delincuencia organizada.

Por otra parte, el Sistema Nacional de Seguridad Pública -órgano multinivel donde Federación, Ciudad de México, estados y municipios son corresponsables aunque no en el mismo grado de la seguridad pública previsto en el artículo 21 constitucional- está obligado constitucionalmente a formular políticas públicas de prevención de conductas antisociales. ¿Cuántas políticas públicas ha hecho el SNSP durante el presente sexenio? ¿Por qué el gobierno de la Ciudad de México no reconoce el hecho de que hay delincuencia organizada en la capital del país?

Tengo una propuesta para concentrar esfuerzos en el SNSP: la desaparición de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) órgano inútil que sólo sirve para el lucimiento personal y las fotos de los 32 gobernadores. La Conago es la nada jurídica, no tiene naturaleza constitucional de base, es una asociación de facto y no sólo eso, es anticonstitucional, pues viola la disposición establecida en la Ley Fundamental mexicana:

Artículo 117. Los estados no pueden, en ningún caso:

I. Celebrar alianza, tratado o coalición con otro estado ni con las potencias extranjeras.

La coalición fáctica de gobiernos locales se ha reconocido de manera absurda en la Ley de Víctimas a pesar de que el órgano aludido debía ser el Sistema Nacional de Seguridad Pública porque la Conago ha sido ineficaz para prevenir y combatir la criminalidad en general.

El actual gobierno federal no ha logrado coordinarse eficientemente con los gobiernos locales y municipales para mejorar la seguridad pública. Más aún la impunidad no cede, que a mi juicio es violatoria de derechos humanos: no acceso a la justicia, falta de reparación del daño y la falta de seguridad jurídica. Las víctimas han llevado la peor parte de las fallas del Estado mexicano en seguridad pública. La realidad -a diferencia de las estadísticas oficiales-, no miente.

Profesor Investigador de tiempo completo en la Universidad Iberoamericana

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