Exigen a PGR revisar caso San Fernando

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Familiares de los 72 migrantes ejecutados en agosto de 2010 en San Fernando, Tamaulipas, dudan que los restos que recibieron correspondan a los de sus familiares, por lo que exigieron a la Procuraduría General de la República (PGR) una explicación y dar certeza de la identidad de los cuerpos.

Un grupo proveniente de El Salvador, Guatemala y Brasil se manifestó frente a la dependencia y una comisión fue recibida por algunos minutos por autoridades de la PGR. Al salir, los deudos indicaron que, a casi seis años de los hechos, exigen que se les entregue copia de los expedientes y se les reconozca como víctimas.

Alma García, de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, lamentó que el recibimiento por parte de la PGR haya durado poco tiempo. “Los familiares nunca han recibido una explicación; lamentablemente, hoy duró sólo diez minutos la atención que recibimos. No hubo información relevante”, dijo.

Aseguró que los familiares de las víctimas están indignados por la falta de respuesta del Estado mexicano ante la grave violación a los derechos humanos. Los funcionarios que los recibieron sólo les dijeron que el expediente fue turnado a la unidad de migrantes y que hay ocho procesados.

“Solicitamos la revisión del caso, que verifiquen si los cuerpos entregados son en verdad de sus familiares. Exigimos el derecho a saber lo que en realidad sucedió en la matanza de los 72 migrantes en San Fernando”, enfatizó la activista.

Área especializada. La titular de la PGR, Arely Gómez, designó a Leonor de Jesús Figueroa Jácome como titular de la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes y del Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda e Investigación (UIDPM).

Se informó que dicha unidad facilitará el acceso a la justicia a las personas migrantes y a sus familias, investigará y perseguirá los delitos cometidos por o en su contra, con excepción de los casos de delincuencia organizada.

“La Unidad contará con un mecanismo de Apoyo Exterior, que funcionará en colaboración con la Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías de la PGR. A través de éste se facilitará el acceso a la justicia y el ejercicio de acciones para la reparación del daño a víctimas de delitos”, dijo.