Diez años de voto migrante

En México ha pasado casi inadvertido un hecho que los medios de comunicación hispanos de otros países recogieron con elocuencia. Hace diez años se estableció en la ley electoral mexicana la manera por la que los ciudadanos que viven fuera del país votarían para elegir Presidente de la República.

Aquel fue un momento de gran significado histórico, pues reconoció que la comunidad política del país incluye a todos los ciudadanos mexicanos, independientemente del lugar en el que vivan. Logró que esos más de doce millones en edad de votar que residen del otro lado de las fronteras nacionales cuenten con manera de ejercer sus derechos políticos.

A pesar de que la población mexicana viviendo fuera del país representa una proporción tan grande del total, nuestro país llegó al voto migrante 104 años después que Australia y 88 años después que el Reino Unido. En América los pioneros fueron Estados Unidos, Canadá y Colombia. Hoy el mundo registra más de 110 Estados y territorios con experiencias de voto migrante.

Pero quizás el rasgo más significativo del proceso reformador de 2005 es que resultó del impulso que al tema dieron líderes migrantes. No obstante que desde 1996 se había removido cualquier impedimento constitucional para el voto extraterritorial, por tres elecciones en el Congreso no se habían logrado los acuerdos en torno al modelo por el que se instrumentaría. Organizaciones como la Coalición de Mexicanos en el Exterior consiguieron destrabar el tema.

El consenso se consiguió al costo de tener uno de los modelos más restrictivos del mundo. El Código Electoral de 2005 sólo reconoció el nuevo derecho a aquellos ciudadanos que hubieran obtenido la credencial para votar en México y la llevaran consigo al extranjero. Evidentemente esa disposición generó un universo potencial de votantes muy acotado.

Si bien ello ha propiciado reducidos niveles de votación desde el extranjero, también ha dado confianza a las instituciones en cuanto a la seguridad del sufragio a distancia. Los mexicanos que viven fuera del país han votado en dos elecciones federales y siete elecciones locales (la de Chiapas está en curso). Está probada la confiabilidad del voto postal. Inclusive el voto por internet que aportó el Distrito Federal (2012) ya fue confirmado por el Tribunal Electoral y replicado por Baja California Sur (2015).

Hay otros nueve estados en el país que ya incluyeron el sufragio a distancia en su ley, aunque todavía no lo instrumentan.

A diez años de voto extraterritorial en México ha llegado el momento de fortalecerlo. La reforma de 2014 es un buen punto de partida porque permite al INE la expedición de credenciales fuera del país, al tiempo que abre la posibilidad de otras modalidades para ejercer el sufragio desde el extranjero, incluyendo el voto presencial en casillas ordinarias. Están dadas las condiciones para recuperar buenas prácticas en la materia.

Pero no hay que perder la mira. El verdadero desafío es lograr la vinculación politica con los ciudadanos que residen fuera del país. El voto es un eslabón que debe ser complementado con mayor presencia institucional y organizacional. Debe revigorizarse el debate sobre el papel que los ciudadanos que viven más allá de las fronteras deben jugar en los partidos políticos y —más importante todavía— en los órganos de decisión pública en el país y los estados.

Consejero del IEDF.

@yuribeltranm