Hay quienes piensan que la única forma de sanear la relación Estado-sociedad que para muchos está en agonía, es refundado el Estado, sin embargo ese tipo de acciones suelen venir acompañadas de movimientos revolucionarios o movilizaciones civiles, que una vez terminados dejan  heridas a las naciones, sin garantías de que se logren los objetivos esperados.

Así las cosas, se deben buscar alternativas para curar una relación enferma como la que tenemos en nuestro país. Sin caer en futurismos u optimismos románticos, una opción hoy en día es la puesta en marcha en nuestras administraciones públicas, en todos sus niveles, del esquema de gobierno abierto.

El gobierno abierto parte de la idea del empoderamiento de la sociedad en la gestión de los asuntos públicos (corresponsabilidad), se sustenta en las iniciativas participativas e inteligencia colaborativa, con la finalidad de mejorar la gestión de los servicios públicos y generar riqueza.

El gobierno abierto recupera los mecanismos de control sobre los actores públicos, mediante la transparencia y el derecho de acceso a la información pública, que posibilita la participación, colaboración y control por parte de los ciudadanos respecto de las acciones de los que detentan el poder público.

¿El gobierno abierto funciona?, sin duda, hay muchos ejemplos, tanto desde la iniciativa privada como en el ámbito gubernamental, ya que la transparencia puede acotar o al menos exhibir la corrupción en el sector público. Un ejemplo: Data.gov, el cual contiene una amplia base de datos, en formatos abiertos, proveniente de 172 agencias públicas de Estados Unidos y que cuenta con mecanismos para generar canales de interacción entre agencias y de retroalimentación con la ciudadanía.

A través del gobierno abierto, las administraciones públicas entienden la importancia de las aportaciones ciudadanas y su impacto en la gestión pública, velan por la eficiencia y la eficacia en todas sus actuaciones, permiten la transparencia y la rendición de cuentas, favorecen la inclusión de todos los miembros de la sociedad en las políticas de mérito, superando la brecha digital.

En México ha iniciado un movimiento nacional impulsado por el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI). La institución es miembro del secretariado técnico tripartita de la Alianza por el Gobierno Abierto que preside nuestro país a nivel internacional, pero además, dadas sus nuevas atribuciones derivadas de la reforma constitucional en materia de transparencia y acceso a la información pública, existe un amplio interés en que el acceso a la información avance en todo el territorio nacional. Por ello la iniciativa busca que las entidades federativas también desarrollen esquemas de gobierno abierto.  Hasta el momento, 14 estados han manifestado su interés en participar y en varios de ellos, se están preparando diversos ejercicios locales de gobierno abierto en los cuales participan los órganos garantes de transparencia de los estados y de diversos entes públicos, al igual que organizaciones de la sociedad civil con base local. Vale la pena seguirles la pista, ya que se tiene una gran expectativa en que se cambie la forma de gobernar en México, a partir de un nuevo contrato social, en el que se recupere la confianza y se fomente la participación ciudadana, en una efectiva colaboración de la inteligencia colectiva, que genere riqueza para todos.

Consejero del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, integrante de la Red por la Rendición de Cuentas

Google News

Noticias según tus intereses