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Desde 2012 crimen acecha a mineras

La presencia del crimen organizado y sus operaciones en contra del sector minero del país impactan en nueve entidades, de acuerdo con la información de un atlas de riesgo que elaboran este sector y el gobierno federal
Miembros de la Gendarmería realizan operaciones de inteligencia con la Policía Federal para inhibir los ilícitos contra el sector minero en el país. Aclaran que elementos no serán destinados de forma personalizada a las empresas
18/04/2015
03:24
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Por Marcos Muedano

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Las organizaciones mineras y el gobierno federal trabajan en el atlas de riesgo de este sector, donde hasta el momento se han identificado nueve entidades en las que la presencia de grupos criminales afecta a esta industria. Los delincuentes amenazan y extorsionan a empleados y directivos de empresas para permitirles laborar.

Desde 2012, en su informe anual de ese año, la Cámara Minerade México (Camimex) alertó al gobierno federal sobre la amenaza creciente del crimen organizado.

Representantes del sector y de la Policía Federal, explicaron que ahora en algunos estados estos grupos delictivos han pretendido incluso controlar la producción de los metales, que son exportados a diferentes partes del mundo, o que son consumidos a nivel nacional.

De acuerdo con las autoridades y fuentes de la industria minera consultadas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Tamaulipas y Sinaloa, son las entidades en las que hoy existen más incidencias por la presencia de la delincuencia organizada.

Los agentes han recibido reportes de extorsiones y amenazas de estos grupos, aunque no hay una cifra oficial de los ilícitos, ni del impacto económico que ha tenido el acoso de la delincuencia hacia quienes participan en esta actividad.

Sin embargo, la inseguridad que enfrentan empleados, directivos y dueños de las mineras, no es un tema de hace algunos meses.

“Al igual que para todos los sectores sociales e industriales, uno de los mayores retos que enfrentamos, como país y como sector, es la inseguridad. Por tratarse de una de las actividades que mayormente se realiza en zonas apartadas de las ciudades, la exploración minera es uno de los sectores industriales más vulnerables ante el crimen organizado”, menciona el Informe Anual 2012 de la Camimex.

Durante las audiencias públicas sobre la reforma hacendaria 2014, realizadas en la Cámara de Diputados, Ricardo Montaño Martínez, presidente de la Federación Mexicana de Minería Sustentable, declaró que ese sector ha sido castigado por la inseguridad, al grado de que el robo de minerales en la nación es el primer negocio del crimen organizado.

En esa ocasión, ante diputados, solicitó a los legisladores que se reconociera a la minería dentro de los rubros de seguridad nacional para evitar que el crimen organizado se apoderara del sector.

Para octubre del mismo año, el ex titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Jorge Carlos Ramírez Marín, reconoció que en los estados de Michoacán, Guerrero, Jalisco y Coahuila “hay presencia clara del crimen organizado en explotaciones, tanto clandestinas como despojando minas legales de sus legítimos propietarios”, explicó durante la inauguración del séptimo Congreso Nacional de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA).

Dijo que las organizaciones criminales utilizan a los habitantes de las comunidades para comenzar a operar en la zona, como sucedió en el estado de Michoacán.

“Todo lo ocurrido en Michoacán tiene profundas raíces en el tema minero, en el caso de Aguililla y de Aquila, que ambas tienen una muy profunda raíz en el tema minero, como fuente de recursos”, detalló.

En días pasados, mineros denunciaron el recrudecimiento de las operaciones criminales, por lo que se diseñó una estrategia con el gobierno federal, que incluye el despliegue de la Gendarmería en las zonas de mayor incidencia.

De acuerdo con las autoridades consultadas, no se destinará a elementos de la Gendarmería de forma personalizada a las empresas, sino que se trata de presencia en la región, operaciones de inteligencia de la Policía Federal para inhibir las extorsiones, secuestros y amenazas, así como apoyo a las comunidades donde están asentadas las minas.

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