Los negocios del magnate y el posible conflicto de interés

A pesar de que todos los consejeros, asesores y expertos éticos le sugirieron que vendiera todas sus compañías, acciones e intereses empresariales, Donald Trump decidió no hacerlo. El hombre que construyó un imperio inmobiliario mundial creó un “fondo ciego”, una fórmula que le permitirá, al terminar su mandato, recuperar todos sus activos —y los beneficios generados—.

Sólo traspasó la gestión a sus hijos varones —Donald Jr. y Eric—, en una ceremonia pantomimesca 10 días antes de jurar su cargo. La escena de centenares de carpetas llenas de papeles, en las que supuestamente había toda la burocracia para desligarse de sus más de 500 compañías e intereses empresariales queda todavía en la memoria de muchos. La negativa de Trump generó desde el primer minuto controversia y dudas legales. El presidente, de forma indirecta, seguirá beneficiándose de las ganancias de su conglomerado empresarial. La seguridad de que el presidente pondrá el interés del país por delante del suyo queda en una frontera difusa, con miles de dudas sin resolver.

Los críticos de Trump vieron ahí un filón para atacarlo. En el vocabulario de Washington se ha hecho famosa la “cláusula de emolumentos”, una disposición constitucional que, básicamente, vela para que no haya corrupción en el gobierno. Los opositores del presidente creen que hay riesgo que la irrespete de forma sistemática. De certificarse, el presidente estaría violando la Constitución.

Estos “conflictos de intereses” movieron al grupo de Ciudadanos por la Responsabilidad Ética en Washington (CREW), liderado por los zares éticos de George W. Bush y Barack Obama, a presentar una demanda civil para que se tomen medidas para evitar que gobiernos o fuerzas extranjeras aprovechen para tratar de ganar influencia invirtiendo en propiedades del presidente. La más clara es, por ejemplo, la celebración de eventos en el Trump International Hotel de Washington, a cuatro cuadras de la Casa Blanca y abierto en plena campaña electoral. Es conocido que gobiernos como el de Arabia Saudita han contratado salones, dejando miles de dólares en las arcas del presidente. Casualmente, el primer viaje internacional fue a ese país del Golfo Pérsico.

Quizá el ejemplo más claro es su club exclusivo en Mar-a-Lago, la “Casa Blanca del sur” donde es posible no sólo encontrarse con el magnate, sino con algún líder mundial como el presidente chino Xi Jiping. Esos “lujos” tienen un coste: ser socio cuesta más de 200 mil dólares, el doble que hace un año. Entre 2015 y 2016, los beneficios por el resort aumentaron en 7.4 millones de dólares.

Demostrar la relación de beneficio personal y posible intercambio de favores es compleja; por eso se han multiplicando en los últimos días las demandas para tratar de que algún juez acepte el caso y se juzgue al presidente. Y, de paso, se haga pública su declaración de impuestos, para saber de dónde vienen sus ingresos y en qué países tiene intereses: sería la única forma de poder hacer un escrutinio correcto respecto de qué podría haber detrás de las políticas de Estado.

Entre las decenas de demandas presentadas por el conflicto de interés del presidente con sus empresas, esta semana se dio un paso importante, un giro que es la opción más viable para que el magnate tenga que dar explicaciones.

Dos fiscales generales, el de Maryland y el del distrito de Columbia —ambos demócratas—, anunciaron una acción conjunta para saber si realmente el presidente ha violado la cláusula constitucional y es “corruptible”. “La democracia está en juego”, advirtieron. Un día después, 196 congresistas demócratas hicieron lo mismo, alegando que Trump nunca presentó sus ingresos desde el extranjero.

El Departamento de Justicia, que todavía está en plazo para presentar argumentos ante tribunales, alega que las cláusulas constitucionales —y por tanto el conflicto de interés— sólo aplica si los beneficios tienen que ver de forma directa con su servicio público o cargo, algo que no se puede comprobar… por ahora. Los demandantes esperan que un juez acepte al menos una de las demandas y se pueda investigar si hay alguna relación entre los intereses del Trump empresario y el Trump presidente. Si así fuera, y hubiera violado la Constitución, sus días en la Casa Blanca podrían estar contados.