El principal partido de oposición en Turquía presentó ayer una petición de anulación del referéndum sobre la ampliación de los poderes del presidente Recep Tayyip Erdogan, al considerar que la votación estuvo empañada por fraudes. En tanto, el Parlamento turco ratificó el decreto del mandatario y extendió hasta el 19 de julio el estado de emergencia que regía en el país.

La aprobación se daba por descontada ya que el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), de Erdogan, tiene la mayoría en el Parlamento de Ankara. De no haberse prorrogado el estado de emergencia, éste habría expirado hoy a las 1:00 (hora local).

La mayor agrupación de la oposición en Turquía, el Partido Republicano del Pueblo (CHP), impugnó ante la Comisión Electoral la votación en el referéndum sobre la reforma constitucional, en el que 51.4% de los electores votaron a favor de la instauración de un sistema presidencialista que ampliaría notablemente los poderes de Erdogan.

Las manifestaciones se multiplicaron ayer en varias ciudades del país, donde miles de personas batían ollas en señal de protesta.

En las ciudades de Antalya y Eskisehir hubo un total de 43 detenidos, según informó el diario Hürriyet. En el distrito capitalino de Besiktas, los manifestantes cantaban proclamas que decían “Erdogan, asesino, ladrón” y acusaban a la Comisión Electoral de ser “parcial”. Agentes y un helicóptero de la policía se hicieron presentes en el lugar.

“Este referéndum es sospechoso", dijo el líder opositor Kemal Kilicdaroglu, quien volvió a criticar duramente la legitimidad de la votación. Afirmó que la Comisión Electoral “violó la ley” y que el pedido para anular el referéndum fue formulado “en honor” a los que votaron por el “no”.

La Comisión Electoral debe decidir “lo antes posible” si anula el referéndum o no, dijo a DPA la diputada del CHP Sezgin Tanrikulu. Sin embargo, los expertos creen que la denuncia del partido opositor sobre la supuesta manipulación del referéndum tiene escasos visos de prosperar.

Por su parte, la Comisión Europea también instó ayer a las autoridades turcas a realizar “investigaciones transparentes” sobre el proceso de votación del referéndum, después de las dudas expresadas por observadores internacionales sobre la limpieza del plebiscito.

Las misiones enviadas por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y el Consejo de Europa constataron que la consulta no cumplió con los estándares democráticos internacionales, principalmente por la “falta de imparcialidad” en la campaña, en un proceso, que “no se realizó en igualdad de condiciones”, ya que “a los votantes no se les facilitó información independiente sobre aspectos centrales de la reforma”, dijo la directora de la misión de la OSCE, Tana de Zulueta.

Una de los observadores que asistió al proceso de votación en representación del Consejo de Europa, Alev Korun, aseguró que existe la sospecha de que hasta 2.5 millones de votos fueron manipulados.

En tanto, la organización Human Rights Watch (HRW) criticó la decisión de extender el estado de emergencia. Indicó que la prórroga “seguirá poniendo en peligro los derechos humanos y el Estado de derecho que ya han sido gravemente dañados en Turquía”. Exhortó al gobierno a poner fin a la “ola de represión política” desatada antes del referéndum.

Human Rights Watch advirtió, además, que “cada paso para reinstaurar la pena de muerte [como propuso Erdogan] sería para Turquía otro paso catastrófico que la aleja de los estándares en materia de derechos humanos”.

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