Indignación en Guatemala tras incendio en hogar juvenil

La inacción del gobierno y las instituciones ante las constantes denuncias de abusos y malos tratos en el centro oficial en el que han fallecido 34 jovencitas en Guatemala ha desatado una oleada de críticas, dentro y fuera del país, donde anoche cientos realizaron una vigilia en la que acusaron al Estado de ser el culpable de la tragedia.

Cuando el miércoles, en el Día Internacional de la Mujer, saltó la noticia del incendio en el Hogar Virgen de la Asunción, conocido como “Hogar Seguro”, el caos y la incertidumbre se apoderaron de las familias. Ayer, las cifras lo dijeron todo: 34 niñas, entre 12 y 17 años, murieron quemadas y una veintena luchan por sus vidas.

De acuerdo con una hipótesis que maneja la Procuraduría de los Derechos Humanos, el incendio pudo ser provocado por las propias internas para denunciar abusos sexuales y otros atropellos. La Procuraduría afirma que las niñas estaban encerradas bajo llave en un salón cuando se desató el fuego. “Estaban bajo llave en un cuarto no mayor de cuatro metros, eran unas 60 niñas las que estaban allí”, dijo durante una reunión con diputados la procuradora de la Niñez, Gloria Castro, según consignó el diario Prensa Libre.

La jueza de menores Verónica Galicia, una de las más populares del país, ha denunciado en sus redes sociales que las jóvenes murieron “solas, olvidadas y violadas” por la inacción del Estado. Anoche, los guatemaltecos le dieron la razón. Reunidos a las puertas de la Casa Presidencial, cientos corearon a una voz: “¡Fuera del poder!”, “¿Dónde está el presidente? Matando niñas” o “Queremos Justicia”.

Hacía años que varios menores habían denunciado que durante su estancia en el refugio, ubicado en el municipio capitalino de San José Pinula, eran víctimas de malos tratos físicos, sicológicos y sexuales. En varias ocasiones, según sus testimonios, intentaban huir del centro, que se había convertido en un infierno para sus vidas.

Hay una sentencia judicial emitida el año pasado que reconoce “vulneraciones de los derechos fundamentales” de los pequeños y que ordenaba además acondicionar el centro, buscar a funcionarios aptos y cerrar dos estancias, conocidas como “gallinero y jaula”, porque en ellas se habían denunciado actos de tortura.

La Procuraduría de Derechos Humanos también había pedido el año pasado su clausura y exigió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares. Meses después la situación seguía igual. A fines del año pasado se supo que casi medio centenar de jóvenes se fugaron, supuestamente por ser víctimas de una red de trata de personas y explotación sexual.

“Nos violaban. Nos golpeaban. Nos obligaban a abortar (...). Lo único que hacían era pegarnos, matarnos de hambre, violarnos”, gritaba ayer una joven a las afueras del hogar, donde estuvo recluida 9 meses y fue víctima de estos ataques, propinados por trabajadores y responsables del lugar.

La muchacha aseguró que en su momento nadie la escuchó y se preguntó si ahora lo hará alguien. Mientras la fiscalía investiga estas nuevas acusaciones, las autoridades también hacen las pesquisas para determinar a los presuntos responsables del incendio.

Entidades nacionales e internacionales expresaron su repulsa por esta tragedia, calificaron al hogar, dependiente de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, como un “infierno” o un lugar de “tortura y exterminio” y exigieron al Estado velar por los derechos de los más pequeños.

El director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Juan Martín Pérez García, reconoció que las quejas sobre ese centro se remontan a antes de su inauguración, en 2010, por no tener las condiciones necesarias. El presidente Jimmy Morales ordenó ya la destitución del director del recinto y reconoció que “nosotros como Estado no estamos poniendo la atención debida”.