Macri promete mayores controles migratorios

Buenos Aires.— En su primera conferencia de prensa del año, ayer, el presidente argentino Mauricio Macri anunció un endurecimiento de la política migratoria del país.

“No podemos permitir que el crimen siga eligiendo a Argentina como un lugar para venir a delinquir”, dijo, al argumentar su apoyo a un potencial proyecto de ley que limitaría la llegada de migrantes con antecedentes penales, un tema que ocupa en estos días a la opinión pública y a las figuras políticas en Buenos Aires, en medio de una creciente presión social para frenar la ola de inseguridad, que algunos atribuyen al fácil acceso de los extranjeros con historial criminal.

Según el diario Clarín, los migrantes con antecedentes provenientes de México, Colombia y Perú son los que el gobierno estaría dispuesto a vigilar con más atención debido al problema del narcotráfico. Pero fuentes de la embajada mexicana en Argentina dijeron a EL UNIVERSAL que no tienen noticias oficiales de que México esté en una lista de este tipo.

Aunque el año pasado la ministra argentina de Seguridad Patricia Bullrich fue a la embajada mexicana para buscar colaboración en temas de seguridad, el tema del control migratorio no se trató oficialmente y tampoco está hoy en la agenda del embajador Fernando Castro Trenti. Del mismo modo, no hay ninguna solicitud del gobierno argentino a la embajada para recibir algún informe al respecto.

“Necesitamos articular con los demás países para saber quién es quién”, dijo el presidente Macri en su conferencia de prensa. “No podemos actuar después de que sucedió [un delito]”. Macri se refirió especialmente al caso de Brian Aguinaco, un muchacho de 14 años que fue asesinado en diciembre por un joven de 15, que era un ladrón que escapaba en moto de un robo. Éste, de origen peruano, fue deportado de regreso a Lima mientras una multitud marchaba pidiendo más seguridad. “Lo que pasó con Brian y la solución que se encontró nos dejó un sabor amargo”, dijo Macri. Refiriéndose a otros casos, de tiempos más largos, agregó: “Si a alguno de los inmigrantes que vino lo condenamos y queremos reenviarlo a su país, no podemos tardar ocho años”.

El jefe del bloque opositor kirchnerista del Senado, Miguel Ángel Pichetto, anunció esta semana que enviará un proyecto de ley para endurecer la Ley de Migraciones: “No me importa que digan que soy xenófobo”. Su texto propone restringir la entrada al país de los migrantes procesados o condenados en primera instancia, y no sólo de los que ya tienen una sentencia final, como ocurre con la versión actual de la ley. El proyecto de Pichetto habla de “expulsión sumaria del extranjero” y “prohibición de reingreso permanente”. Pichetto advirtió que cerca de 20% de los presos en el sistema penitenciario federal argentino son extranjeros.

“Se trata de un uso tramposo de los datos”, desmintió, en declaraciones a este diario, Diego Morales, director del área de Litigio y Defensa Legal del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una de las ONG más importantes del país. “El 5% de la población carcelaria total en Argentina es de origen extranjero. Y 4.8% de la población total es, también, nacida fuera del país. Por lo tanto, no hay una sobrerrepresentación en el delito. Lo que ocurre con los presos del sistema penitenciario federal es que llegan por cuestiones de narcotráfico, que muchas veces son delitos de fronteras, por lo tanto es discutible que esos detenidos sean residentes en este país”.

En todo caso, Morales explicó a este diario que “reducir las garantías del migrante sería un escándalo jurídico porque son parte de un compromiso que asume Argentina con el Mercosur y con el sistema interamericano de derechos humanos”.