Bloquean bienes del alcalde de Río por irregularidades en obras olímpicas

El falló para bloquear las cuentas de Eduardo Paes se basa en el impago de las tasas medioambientales de la construcción de un campo de golf para los Juegos Olímpicos, que alcanzaríanunos 710 mil dólares
El alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, durante una rueda de prensa en el marco de la Cumbre del Grupo de Liderazgo Climático C40, en Ciudad de México (Foto: EFE)
09/12/2016
13:33
Río de Janeiro
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La Justicia ordenó hoy bloquear cuentas del alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, acusado por la fiscalía de mala praxis administrativa en la construcción de un campo de golf para los Juegos Olímpicos que se celebraron en la ciudad en agosto, informaron hoy fuentes oficiales.

La decisión judicial, que afecta también a la empresa concesionaria del proyecto, Fiori Empreendimientos Inmobiliarios, se sustenta en el impago de las tasas medioambientales inherentes al proyecto, que alcanzarían la suma de 2.39 millones de reales (unos 710 mil dólares).

"La presente acción de mala praxis esta instruida con pruebas documentales del proceso administrativo de licencia medioambiental, en el que fue dispensado el pago de la tasa por parte del particular, contra todas las recomendaciones de la Secretaría de Medio Ambiente", señaló la Fiscalía en la demanda.

De acuerdo con la acusación, Paes buscó una "fórmula mágica" para que la empresa eludiera el pago, lo que constituye un "claro acto" de mala praxis administrativa que causó "un daño evidente" al erario público.

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La cantidad bloqueada al alcalde, que tras dos mandatos consecutivos dejará su cargo el próximo 1 de enero, es de 181.000 reales (unos 53.780 dólares).

A través del departamento de comunicación del ayuntamiento de Río de Janeiro, el alcalde repudió la medida y anunció que recurrirá la decisión judicial.

La alcaldía alegó que informó a Fiori Empreendimientos Inmobiliarios de la necesidad de abonar una tasa para obtener la pertinente autorización para la "supresión de vegetación exótica" y que fue la empresa la que no cumplió con sus obligaciones.

"Un mes antes de la acción determinada por la Fiscalía, la secretaría de Medio Ambiente ya había reclamado al Ministerio Público de la ciudad que exigiera el cobro de la deuda, incluidos los intereses generados", argumentó el ayuntamiento. 

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