Preparan activistas defensa promigrante

Washington.— Más de 40 organizaciones para la defensa de los inmigrantes en Estados Unidos se reunieron ayer en Washington para discutir y delinear una estrategia común de cara a las posibles acciones antiinmigrantes que pueda llevar a cabo el futuro gobierno del republicano Donald Trump.

Según explicó a EFE Kica Matos, portavoz de la coalición FIRM, los líderes de las organizaciones buscaron desarrollar “una estrategia para el año entrante”, tanto para la defensa a nivel local y estatal de los inmigrantes que se puedan ver amenazados por las políticas del magnate, como para continuar promoviendo su presencia a nivel federal.

Consideró clave mantener “en la conciencia de los estadounidenses” la situación de los millones de inmigrantes, por lo que ya están organizando actos reivindicativos para el próximo 18 de diciembre, Día Internacional del Inmigrante.

Otro de los temas que preocupan es cómo preparar a las comunidades para las redadas de las fuerzas de seguridad que previsiblemente incrementará el gobierno de Trump, y asegurarse de darles mecanismos de defensa.

“Tenemos que preparar una pelea masiva, a nivel federal, contra la legislación antiinmigrante y la nominación del senador Jeff Sessions —conocido por su dura postura antiinmigrante— como próximo fiscal general de la nación”, agregó.

Matos y sus compañeros, provenientes de 42 organizaciones de 33 estados distintos, esperan fortalecer alianzas con otros grupos que pueden ser sujeto de discriminación como los afroamericanos y los musulmanes. La portavoz destacó los esfuerzos que realizarán las asociaciones para poner de manifiesto el poder económico de los inmigrantes.

Por lo pronto, en California, el Congreso estatal aprobó el lunes una resolución en la que insta a Trump, quien asume la presidencia de EU el 20 de enero, a no llevar a cabo deportaciones.

Además se presentaron dos leyes para dar protección legal a los indocumentados que viven en el estado —se calcula son unos 3 millones—: una persigue que el estado pague la defensa a todo inmigrante al que se le abra un proceso de deportación, y otra se dirige a la creación de centros para formar a abogados de oficio en temas migratorios, de cara a tener más letrados especializados.

La Universidad de Connecticut, a su vez, afirmó que la policía del campus mantendrá su política de no ejercer las leyes migratoria.

La policía seguirá la práctica de no cuestionar a individuos sobre su estatus legal, ni arrestar gente con base en órdenes emitidas por las autoridades federales migratorias. La universidad también continuará admitiendo a estudiantes calificados sin importar su condición migratoria.