Allanan en Guatemala la Casa Presidencial

Investigan un caso de supuesto lavado de dinero, afirma fiscal; gobierno se deslinda

La Casa Presidencial de Guatemala, que fue allanada ayer en un caso que, según el gobierno, tiene que ver con “administraciones anteriores” (DAFNE PÉREZ. EFE)
Mundo 03/11/2016 02:00 EFE Actualizada 02:00
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Ciudad de Guatemala.— Agentes fiscales allanaron ayer la Casa presidencial de Guatemala en busca de documentos por un caso de lavado de dinero, confirmó la fiscal Thelma Aldana a un medio local, contradiciendo la versión del portavoz del gobierno de que todo fue un error y no hubo allanamiento.

“No hubo confusión” en relación a los allanamientos, pues ambos operativos, el de Casa Presidencial y el del Cuartel Matamoros, estaban autorizados por el juez competente, aseguró la fiscal en una entrevista con la emisora radiofónica Nuevo Mundo, y agregó que los dos operativos tuvieron resultados positivos.

Aldana, quien sí confirmó que el caso está bajo reserva, detalló que cuando se levante el secreto de sumario se explicará el por qué de estas investigaciones, pero insistió en que ambas diligencias estaban autorizadas: “Tengo la copia de la orden judicial en donde nos autorizan a ir a los dos lugares” y el escrito dice “Casa presidencial. Sólo hay una en Guatemala”.

Los dos allanamientos, continuó, no tienen ninguna relación con un supuesto caso de corrupción por el que se investiga a un hijo y a un hermano del presidente Jimmy Morales.

Estas declaraciones se producen después de que el portavoz del gobierno, Heinz Heimann, dijera que la orden de allanamiento para la Casa Presidencial de Guatemala estaba equivocada y que, por ello, no se llevó a cabo.

La Casa Presidencial “no era el lugar ni las instalaciones” donde se debía buscar la información requerida, aseguró Heimann en una conferencia de prensa, en la que insistió en que no se había requisado ningún tipo de documentación.

El vocero, quien destacó la transparencia con la que actúa la Administración de Morales, se atrevió a indicar, pese a las reservas del caso, que las pesquisas se realizan sobre “administraciones anteriores”, pues la orden hacía referencia al Estado Mayor Presidencial, una entidad de militares que se encargaba de la seguridad del presidente y que dejó de funcionar en 2003. 

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