Presentan en Brasil pruebas contra Dilma

El juicio político contra la presidenta suspendida de Brasil, Dilma Rousseff, inició ayer en Brasilia.

El presidente del Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandow-ski, abrió la sesión del juicio pidiendo que los senadores dejen de lado sus posturas ideológicas y sus preferencias políticas.

“El Senado está reunido para actuar como órgano juzgador, con la grave responsabilidad constitucional de decidir sobre una presidenta elegida por el voto popular, para condenar o absolver”, expuso.

Agregó que ahora “los senadores se convierten en verdaderos jueces y, por lo tanto, deben dejar de lado sus preferencias para actuar con “la máxima objetividad”.

Sin embargo, la pasión política se impuso y los descalificativos abundaron durante la sesión.

Desde los grupos de izquierda se acusó a quienes demandan la destitución de Rousseff de “golpistas”, al tiempo que desde el otro lado, mayoritario, se llegó a exigir que “los corruptos” del Partido de los Trabajadores (PT), de la presidenta, “vayan a prisión”.

Tras varios conatos de bronca, compareció el procurador del Ministerio Público de Cuentas, Julio Marcelo de Oliveira, quien ennumeró las irregularidades que sustentan el proceso y detalló las prácticas ilegales que supuestamente cometió la mandataria.

De Oliveira sostuvo que Rousseff incurrió en un “gran fraude” al violar las leyes sobre el manejo de los presupuestos públicos y dijo que, si bien no configuran delitos de carácter penal, sí lo son de tipo administrativo y están tipificados en la Constitución, tal como sostiene la parte acusadora.

El fiscal fue el primero de los seis testigos, dos de la parte acusadora y seis de la defensa, que el Senado escuchará en la fase final del proceso, que continuará este viernes y se prevé que será suspendido el fin de semana para ser retomado el lunes, cuando la presidenta comparecerá personalmente.

“Este juicio está basado en la Constitución brasileña y ha cumplido con todos sus rituales”, dijo a EL UNIVERSAL el senador José Aníbal (del Partido de la Social Democracia Brasileña, PSDB), en un alto de la sesión. “La presidenta, de hecho, incurrió en un crimen de responsabilidad fiscal y ha tomado decisiones que no podía tomar sin enviar al Congreso nacional un pedido de autorización. Creo, por lo tanto, que ella pasará por un proceso legítimo de impeachment, que resultará en su suspensión definitiva de la presidencia ya la próxima semana. La mayoría de los senadores está muy clara y creo que va a prevalecer el día 30 de agosto, cuando se haga la votación final”.

Por su parte, el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva dijo que Brasil entró en la “semana de la vergüenza nacional” que puede terminar revocando el mandato de una “mujer inocente”.