Fijan para agosto fallo sobre juicio a Rousseff

Brasilia.— El presidente del Senado de Brasil, Renan Calheiros, declaró ayer que la votación final sobre el proceso de juicio político contra la suspendida presidenta Dilma Rousseff se realizaría entre los días 25 y 27 de agosto, en el pleno del Senado.

El miércoles, Calheiros había dicho que la parte final del juicio se produciría cerca del sábado 20 de agosto y que la votación definitiva sobre la impugnación podría realizarse tras la clausura de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro el 21 de agosto.

Ayer la defensa de Rousseff aseguró que aun en caso de que fuera destituida por el Senado, su “lucha” no habrá acabado y seguirá en la justicia.

“Sería pésimo para el país”, pero se trata de una “lucha por la democracia”, dijo en una rueda de prensa el ex ministro de Justicia y ahora responsable de la defensa de Rousseff, José Eduardo Cardozo, al referirse a esa posibilidad.

El proceso contra Rousseff, acusada de maniobras fiscales supuestamente irregulares, está en manos de una comisión del Senado, que pretende concluir el proceso en agosto, cuando se decidirá si la mandataria será destituida.

Su cargo, en ese caso, continuará hasta el 1 de enero de 2019 en manos de Michel Temer, su antiguo vicepresidente y quien la sustituye desde el pasado 12 de mayo, cuando el Senado instauró el proceso.

Según Cardozo, “si la Cámara Alta se inclinase por la destitución, la defensa acudirá a la Corte Suprema para intentar impugnar el proceso por falta de una justa causa”.

Cardozo se aferró a un informe sobre el caso elaborado por un grupo de expertos en asuntos contables del propio Senado, sobre el cual sostuvo que “desbarata” muchos elementos de la acusación.

Rousseff está acusada de haber alterado los presupuestos mediante decretos no autorizados por el Congreso, como prevé la ley, y de haber contratado créditos con la banca pública para financiar programas sociales de su gobierno, lo cual también está prohibido.

Según el análisis de los expertos del Senado, la mandataria firmó al menos tres decretos que alteraron los presupuestos sin consultar al Congreso.

De acuerdo con Cardozo, el documento de la Cámara Alta comprueba que no hubo dolo ni una intervención directa de Rousseff en las irregularidades que se le achacan.