La base política que apoya al presidente interino de Brasil, Michel Temer, propuso ayer acelerar el trámite para el juicio que le puede costar el cargo a la mandataria interina Dilma Rousseff y la falta de consenso dejó la decisión en manos de la Corte Suprema.

La polémica propuesta de recortar los plazos para el juicio político que enfrentará Rousseff fue presentada ante la comisión del Senado responsable del proceso y generó fuertes críticas entre los parlamentarios que respaldan a la mandataria suspendida. La autora de la moción que encendió la polémica fue la senadora Simone Tebet, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que lidera Temer, quien propuso acortar en unos 20 días el plazo inicial y que la primera de las dos sesiones en que el pleno del Senado decidirá la suerte de Rousseff sea el 12 de julio.

Una mayoría favorable a la destitución aceptó la propuesta, pero el Partido de los Trabajadores (PT) logró contenerla. El abogado de Rousseff, José Eduardo Cardozo, sostuvo que aprobar un recorte de los plazos supondría “pisotear la Constitución” y “sepultar el derecho a la defensa” que le cabe a la mandataria.

La comisión celebró ayer su segunda reunión desde la suspensión de Rousseff de sus funciones con el objetivo de votar un calendario de trabajo planteado por el senador instructor, Antonio Anastasia, que fijaba la primera de las votaciones en el pleno del Senado entre el 1 y 2 de agosto.

El presidente de la comisión, Raimundo Lira, decidió “consultar” al Supremo sobre la viabilidad de la propuesta de Tebet. El tribunal evaluará el tema en los próximos días.

En una rueda de prensa, el ministro de Presidencia, Eliseu Padilha, admitió que “preocupa” la posibilidad de que Dilma regrese al poder, después de que algunos de los senadores que el mes pasado se pronunciaron por admitir a trámite el proceso contra Rousseff dijeran que podrían votar contra la destitución de ésta.

En tanto, el gobierno interino relanzó la construcción de 11 mil 250 viviendas de interés social que canceló días después de la asunción de Temer. El anuncio se produjo un día después de las protestas del Movimiento de los Sin Techo contra los recortes en vivienda.

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