22 | SEP | 2019
Miles de personas se reunieron en Uruguay durante la 21° Marcha del Silencio, el viernes pasado, para reclamar por los detenidos y desaparecidos del Plan Cóndor (RAÚL MARTÍNEZ. EFE)

Argentina espera veredicto sobre el Plan Cóndor

27/05/2016
01:53
Buenos Aires
Javier Sinay / Corresponsal
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Después de tres años de proceso oral y público, hoy se emite sentencia contra responsables de represión en Cono Sur

Esta tarde, Argentina vivirá un nuevo hito en su larga historia de búsqueda de justicia respecto a los delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura, que se desarrolló entre 1976 y 1983. Después de tres años de proceso oral y público, el Tribunal Oral Federal Número 1 dará sentencia el juicio sobre el Plan Cóndor y el centro clandestino de detención conocido como “Automotores Orletti”. Se trata de un expediente enmarañado con 171 casos y 17 imputados que busca echar luz, por primera vez, sobre el sistema de coordinación entre Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay y Paraguay para perseguir y eliminar a disidentes políticos, más allá de las fronteras. Entre los imputados están el ex presidente argentino de facto Reynaldo Benito Antonio Bignone, de 88 años; el ex general argentino Santiago Omar Riveros, de 92, y el coronel retirado uruguayo Manuel Juan Cordero Piacentini, de 76. Todos ellos están acusados, en varios hechos, del delito de asociación ilícita y de privación ilegítima de la libertad.

“Este es un juicio muy importante para el proceso de justicia en la Argentina y a nivel regional, porque hay víctimas de diferentes países”, dijo a EL UNIVERSAL la abogada Luz Palmas Zaldúa, querellante por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una ONG argentina que ha impulsado este tipo de juicios y que ahora comparte banco acusador con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el Ministerio Público Fiscal. “Si sale, será la primera sentencia judicial en un país de la región que dé por probado el Plan Cóndor como asociación ilícita, como un esquema integral: una asociación ilícita supranacional”.

En el juicio se vio que el Plan Cóndor tiene un acta de fundación firmada el 28 de noviembre de 1975, en Santiago de Chile, durante la Primera Reunión de Inteligencia Nacional, a la que habían llegado representantes de los demás países. Además, en el Archivo del Terror de Paraguay fue hallada una copia de la invitación formal que la Dirección de Inteligencia Nacional chilena (DINA), envió el 29 de octubre de ese año al jefe de la policía paraguaya, el General de División Francisco Brites, “para promover la coordinación y establecer algo similar a lo que tiene Interpol en París, pero dedicado a la subversión”.

Declararon más de 250 personas: víctimas, familiares, investigadores, historiadores y funcionarios, y llegó al juicio documentación de los países afectados y de los Estados Unidos. “Pudimos cruzar información fragmentada y desperdigada”, dijo la querellante Palmas Zaldúa, “y vimos cómo se formalizó el Plan Cóndor, qué acuerdos tenían los Estados para cooperar, cómo se dio la coordinación, en qué planos, cómo se intercambió información y prisioneros, y cómo se fueron maximizando las estructuras represivas de estos países a partir del Plan”.

La causa se inició en 1999 con 32 imputados. Estaban denunciados el dictador chileno Augusto Pinochet; el paraguayo, Alfredo Stroessner; y el boliviano, Hugo Banzer Suárez. Pero sus países no habilitaron la extradición para que fueran juzgados en la Argentina. Brasil extraditó a un militar uruguayo, Manuel Cordero. Y también estuvo acusado el dictador argentino Jorge R. Videla, que llegó a estar en el juicio y a hacer su declaración indagatoria antes de su muerte en prisión, en 2013. Las penas que se piden para los acusados van desde cinco años de prisión hasta cadena perpetua (en dos casos).

En la Argentina, los tres gobiernos kirchneristas que se sucedieron en el poder entre 2003 y 2015 hicieron de los juicios a la dictadura una marca. Ahora, con Mauricio Macri en la presidencia, los procesos siguen, pero con menor visibilidad. A la vez, los organismos de derechos humanos están avalando un trámite para que el centro clandestino de detención de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) sea reconocido como Patrimonio de la Humanidad. “Públicamente, el gobierno dice que los juicios van a continuar, pero se nota que ya no se hacen demasiados esfuerzos”, dijo a EL UNIVERSAL Graciela Lois, miembro de la Asociación de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas. “Los juicios van lento y faltan salas para las audiencias; eso hace que haya que suspender jornadas”. Lois declaró en la megacausa ESMA, el juicio más grande de la historia argentina, que en estos días verá los alegatos de las defensas.

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