En la isla de Ibiza el proyecto para construir una depuradora de agua está detenido. Aníbal Jiménez Abascal, embajador español en Jamaica, murió el 11 de diciembre y no se nombró a su sucesor. Hay leyes bloqueadas y misiones militares pendientes. Desde las elecciones del 20 de diciembre España vive con un gobierno interino y los partidos no consiguen cerrar un pacto para tener nuevo presidente.

El país funciona a medio gas ante la desesperación de su sociedad en un momento en que los efectos de la crisis económica son devastadores para muchas familias.

El rey Felipe comenzó ayer la tercera y última ronda de consultas con los partidos para explorar un gobierno de coalición. Casi nadie confía en que se logre; en ese caso el Parlamento se disolverá el 3 de mayo y ese día quedarán convocados nuevos comicios para el 26 de junio.

“La situación tendría que dar un giro de 180 grados. Todos los actores tienen asumido que se votará de nuevo”, explica el politólogo Pablo Simón, del colectivo Politikon.

Existen diferencias difíciles de comprender entre los líderes que han lastrado la negociación, pero al mismo tiempo las elecciones de diciembre no dejaron ninguna combinación sencilla para alcanzar los 176 diputados necesarios para investir a un mandatario.

Ni en el caso de que se pusieran de acuerdo los partidos que forman los dos grandes bloques ideológicos de la nación, las agrupaciones de derecha ni de izquierda sumarían 176 legisladores. El Partido Socialista (90), Podemos (69) e Izquierda Unida (2) se quedarían en 161. El gobernante Partido Popular (123) y Ciudadanos (40) en 163. Sería necesario el apoyo de los nacionalistas catalanes (que exigen un referéndum independentista que sólo Podemos e Izquierda Unida aceptarían) o de grupos del bloque ideológico contrario.

Pedro Sánchez, líder de los socialistas, ha intentado una coalición con Ciudadanos y Podemos, pero ellos tienen proyectos irreconciliables. Mariano Rajoy, el presidente en funciones, acosado por la imagen de corrupción del Partido Popular ha declinado intentar formar gobierno ante la certeza de que no lo conseguirá.

“Con el arribo de nuevas agrupaciones que aún no están asentadas, todos confían en que otras elecciones cambiarían mucho los resultados”, explica Simón, “y nadie ha querido tensar a su electorado con propuestas arriesgadas en la negociación viendo que podía votarse de nuevo”.

Los españoles ven con irritación el atasco y temen que la recuperación tantas veces prometida vuelva a aplazarse. Continuamente se publican datos alarmistas, como los de la patronal de la construcción (Seopan), que aseguran que el dinero por licitaciones públicas en febrero descendió 23% respecto a 2015.

José Ramón Pin, profesor de la escuela de negocios IESE, matiza: “La economía española funciona. En el primer trimestre se creció 0.8%, más que otros países, y empieza la temporada turística que será buena. Pero es a corto plazo. No hay inversiones a medio ni a largo. Así no se crean los trabajos que necesita el país”.

Las compañías están pendientes de saber de qué color serán el gobierno y sus políticas. Todo indica que tendrán que seguir esperando. Si estos días el rey confirma que no se puede nombrar presidente, el Congreso se disolverá el 2 de mayo y se volverá a votar. Lo paradójico es que las encuestas apuntan a que la situación el 27 de junio puede ser igual de compleja: a no ser que haya cambios trascendentes, los partidos deberán volver a negociar. Esta vez será en serio.

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