Violencia en Centroamérica

El asedio de las maras Salvatrucha y 18, las pandillas juveniles que desde hace más de 23 años trastornaron el mapa de la seguridad en el Triángulo Norte de Centroamérica, es incesante y tenebroso y obligó a militarizar colegios de secundaria en Honduras, imponer estados de excepción en cárceles en El Salvador y enfrentar un constante ataque armado al transporte urbano y rural de pasajeros y a innumerable menú de extorsiones en Guatemala.

En un reflejo de la acuciante crisis, El Salvador intervino siete centros penales desde los que, aunque están presos, los jefes y otros integrantes de las maras coordinan operativos criminales. En otra acción de ataque a las maras, Honduras militarizó seis centros de educación secundaria de la capital y sitios aledaños, por el constante acecho de las pandillas para reclutar a nuevos miembros, con un intenso narcomenudeo en los colegios y un deterioro de la seguridad por sangrientas pugnas entre pandillas por dominar territorios.

Los asesinatos de choferes de autobuses, transportistas, comerciantes y empresarios de variados rubros de la iniciativa privada, por negarse a pagar cuantiosas sumas de extorsiones a las maras, o de policías y militares, marcan la cotidianeidad de la violencia en Guatemala.

Las maras “se están integrando al crimen organizado”, advirtió el general Félix Núñez, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de El Salvador. A una consulta de EL UNIVERSAL, Núñez alertó que las pandillas dejaron de ser una “amenaza exclusivamente de los países centroamericanos”.

Ambas maras irrumpieron en la década de 1980 en las calles de California entre centenares de miles de salvadoreños, hondureños y guatemaltecos que emigraron a Estados Unidos para huir de guerras y violencia política que estremecieron a Centroamérica en especial a partir del decenio de 1970.

Sin desprenderse de sus lazos jerárquicos en EU, se instalaron hace más de 23 años en El Salvador, Honduras y Guatemala con las masivas deportaciones de migrantes desde suelo estadounidense en la década de 1990 y, atrapadas en la exclusión social, ahora están aliadas a estructuras del crimen organizado transnacional con tareas de sicariato, narcomenudeo y cobros de extorsiones, en un entarimado que genera zozobra interna y alienta la migración.

Rastro de sangre

Los números de homicidios en El Salvador exhiben un violento panorama demoledor: con 6 mil 656 casos en 2015 (18,2 por día), el país ya llegó a 2 mil 22 (22,2 por día) de enero a marzo de 2016, aunque el promedio diario del primer trimestre del año anterior, con un total de 1 mil 127, fue de 12,5, informó el Instituto de Medicina Legal de esa nación a EL UNIVERSAL. La tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes pasó de 76.1 en 2011 a 45.2 en 2012, 43.7 en 2013, 68.3 en 2014 y 115.8 en 2015.

El panorama hondureño de homicidios disminuyó de 5 mil 936 en 2014 a 5 mil 148 en 2015, para una tasa de 60 por cada 100 mil (66 en 2014), según el Observatorio de la Violencia de la estatal Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

Pero en un reporte enviado a este diario, el Observatorio recordó que de enero de 2005 a diciembre de 2015, Honduras registró 45 mil 58 muertos por arma de fuego, por lo que urge revisar la normativa de control de armas y municiones. “Nacimos sin armas y queremos crecer sin ellas”, proclamó.

Aunque arrastra el fardo de ser uno de los países más violentos del mundo, Guatemala exhibe descensos sostenidos en sus tasas de homicidios por cada 100 mil habitantes, de 38,6 en 2011, con 5 mil 681, a 29,6 en 2015, con 4 mil 778, puntualizó un recuento policial guatemalteco suministrado a EL UNIVERSAL. En 2012 hubo 5 mil 151, para 34,2, mientras que en 2013 se registraron 5 mil 253, para 34, y 4 mil 998 en 2014, con 31,6.

La incidencia criminal, sin embargo, postra a ese que es el país más poblado de Centroamérica—cerca de 16 millones de habitantes—y que, como sus vecinos del Triángulo, sufre de agudos cuadros de desigualdad y marginación.

“El Triángulo parece inviable”, admitió la guatemalteca Carmen Ibarra, directora de Pro-Justicia, ente no estatal que estudia la inseguridad. En entrevista con este diario, aclaró que “es la falta de viabilidad la que debe reencausar, porque si no vamos a seguir revolcándonos en la inseguridad, violencia y criminalidad de ahora y con los sistemas políticos bastante corruptos y deteriorados que existen en el Triángulo”.

Y sentenció: “Se requiere seguridad humana, no solo represión policial, para atacar los factores que permiten que el crimen prevalezca”.