Ciudad de Guatemala.— Debilitado por la más grave crisis política guatemalteca de los últimos años, el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, verá hoy refrendada la lealtad del ejército, en medio de revelaciones de que el gasto militar aumentó durante su cuatrienio, en un país ya sin guerra que pierde más de 7 mil millones de dólares al año en evasión tributaria y privilegios fiscales y donde cerca de 20% de la población carece de acceso a servicios básicos de salud.

Aunque Pérez está acorralado por una avalancha política que se desató desde mediados de abril anterior, al descubrirse una cadena de millonarios escándalos de corrupción en su gobierno, el ministro guatemalteco de Defensa Nacional, general de división Manuel Augusto López Ambrocio, ha advertido que los militares “no nos vamos a prestar a ningún rompimiento institucional”.

Pérez celebrará hoy el Día del Soldado, en coincidencia con el 61 aniversario de una invasión armada que EU gestó por medio de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y que en junio de 1954 derribó al gobierno constitucional del presidente reformista Jacobo Árbenz, derivando en la instalación de un régimen militar que gobernó a sangre y fuego por 32 años.

Como general en retiro, Pérez se convirtió en el primer militar en ocupar la presidencia desde el restablecimiento democrático, en 1986, y tras el conflicto armado, de 1960 a 1996.

Su situación judicial está en suspenso, porque la Corte de Constitucionalidad otorgó el 18 de junio un amparo provisional que congeló un antejuicio que una comisión del Congreso inició el 15 contra Pérez, por orden de la Corte Suprema de Justicia, para evaluar su desafuero por su presunto nexo con los fraudes en aduanas y seguridad social, aparte de otros detectados en las estructuras policiales y en el Congreso.

En una entrevista con EL UNIVERSAL, el diputado opositor guatemalteco Amílcar Pop, del opositor partido maya Winaq, quien denunció a Pérez ante la Corte Suprema de Justicia para abrir el antejuicio, contrastó la crisis social con los negocios ilícitos en el aparato estatal.

“Guatemala pierde más de 7 mil millones de dólares en privilegios fiscales, evasión de impuesto de renta por secreto bancario, por la falta de pago de impuestos de minería, petróleo e hidroeléctricas, por contrabando con la corrupción de muchos políticos”, reveló. De los 16 millones de habitantes de Guatemala, cerca de 20% está desprotegido de servicios esenciales de salud y más de 55% sufre variados rangos de miseria, recordó.

Prensa Libre, un rotativo capitalino, reveló ayer que en el gobierno de Pérez, que inició en 2012 y concluirá en enero de 2016, el presupuesto del Ministerio de Defensa aumentó 27% y pasó de 220 millones de dólares a 277 millones de dólares.

Consultado por este diario, el portavoz castrense, coronel Hugo Rodríguez, alegó que, entre otros factores, el gasto creció por la apertura de nuevas bases para combatir al crimen organizado.

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