Es momento de aprobar la Colegiación y Certificación obligatorias

Miguel Romo Medina

Alguna vez se ha preguntado ¿cuántos falsos profesionistas existen en nuestro país? Personas sin escrúpulos que engañan y ponen en riesgo la salud y seguridad de las personas, que construyen nuestras viviendas sin los conocimientos necesarios, o que se dicen capacitados para defender nuestros derechos y patrimonio.

Hace unos días, nos enteramos con pena y encono de la muerte de cinco pobladores de Mazatlán Villa de Flores y San Isidro Zoquiápam, quienes perdieron la vida tras ser inyectados por un individuo, quien simuló ser médico de Huautla de Jiménez, en la región de la Cañada de Oaxaca.

Previendo lo anterior, como jurista y bajo el carácter de legislador, presenté una iniciativa de manera conjunta, con la entonces senadora Arely Gómez, así como con otros colegas senadores que se sumaron, la cual tiene como finalidad regular la colegiación y certificación obligatorias para las profesiones relacionadas con la vida, la salud, la seguridad, la libertad y el patrimonio de las personas. Tema que se ha venido trabajando de manera activa por parte de las Comisiones de Educación, Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, por lo que se mantiene la expectativa de recibir grandes noticias para nuestro país en los próximos meses.

Durante el proceso de creación de nuestra iniciativa, atendimos diversas opciones existentes a nivel internacional, y convocamos a un número considerable de reuniones con destacados juristas, académicos y especialistas en diferentes disciplinas. El punto medular de nuestra propuesta es reconocer a las profesiones que requieren de un gran sentido de ética, probidad y responsabilidad profesional.

Actualmente, existe una amplia gama de ejercicios profesionales que se encuentra deficientemente regulados, ya que las instituciones de educación, tanto públicas como privadas, son las encargadas de expedir el título universitario, documento que se considera como suficiente para obtener la cédula profesional, la cual habilita a su propietario para el ejercicio profesional.

Por poner un ejemplo: la vocación de la abogacía puede dar cabida a la participación del jurista bajo una infinidad de materias, que abarcan la función del abogado postulante, el consultor, el empresario, el fedatario público, el juzgador, entre muchas otras, y todas se pueden desempeñar al contar únicamente con la cédula profesional.

Mencionado lo anterior, habría que precisar que actualmente existen miles de instituciones en el territorio nacional que imparten carreras como Derecho, Medicina, Ingeniería Civil, etc. dentro de sus planes y programas de estudio; sin embargo, una gran cantidad de ellas se han abocado a otorgar el título por negocio, flexibilizando la exigencia que requieren dichas disciplinas, en las que se vela por la vida, la salud, el empleo, la libertad, el patrimonio, la seguridad y el bienestar de los mexicanos.

Ante la falta de estándares, se detectó que los colegios de profesionistas resultan ser una vía eficaz y eficiente en el control ético y la actualización profesional de sus agremiados. De modo que, bajo un criterio de unificación, supervisión, evaluación y tutela por parte de la autoridad competente, se podría conseguir un gran logro para el correcto ejercicio de diversas profesiones.

Aunado a lo anterior, se considera que elementos como la actualización continua de conocimientos, el respaldo profesional en las relaciones con la autoridad derivadas de su ejercicio profesional, así como los seguros de responsabilidad, deben ser ofrecidos a los profesionistas para robustecer la cultura de la colegiación, así como para lograr una mejora notable en la contratación y prestación de servicios profesionales.

La ciudadanía merece servicios profesionales de excelencia, es por ello que, desde el Senado de la República, continuaremos trabajando por brindar leyes que continúen moviendo a México en la dirección correcta.
 

Senador por Aguascalientes

 

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