IP podrá financiar obras de vivienda

Ley señala que gobierno local podrá acceder a fondos privados

La nueva legislación en el tema prevé lineamientos para la producción de vivienda social y en renta (ARCHIVO EL UNIVERSAL)
Metrópoli 25/03/2017 01:12 Gerardo Suárez Actualizada 01:12
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La nueva Ley de Vivienda de la Ciudad de México estableció una serie de esquemas, incluida la participación privada, para financiar el acceso de los capitalinos a un lugar para vivir, sobre todo para personas de bajos ingresos.

El documento, promulgado el jueves pasado por el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, indica que la administración capitalina deberá adoptar diversas acciones para garantizar el derecho a la vivienda.

En el artículo 72 se establece que la administración local podrá valerse de financiamiento público, de la participación de empresas y entidades financieras del sector privado, así como de la aplicación de medidas de carácter fiscal, y la promoción en la aplicación de recursos de Organismos Nacionales de Vivienda, de los Órganos Políticos Administrativos y del gobierno federal.

“Las medidas que adopte y promueva el Gobierno de la Ciudad de México deberán orientarse a la ejecución de los Programas contemplados en esta Ley y tendrán como principio generar una redistribución del ingreso para garantizar prioritariamente la realización de este derecho de los sectores de más bajos ingresos y de la población vulnerable”, añade el artículo 73.

En tanto, la nueva legislación prevé lineamientos para la producción de vivienda social y en renta, además de que cada año, el gobierno deberá elaborar un Programa Sectorial de vivienda.

Para fomentar la producción de vivienda social, la ley señala que el gobierno aplicará medidas como facilidades administrativas, fiscales y notariales para la regularización de la tenencia de la tierra, vivienda o conjuntos habitacionales.

En los artículos transitorios, se precisa que en 60 días naturales como máximo, el jefe de Gobierno deberá emitir un reglamento para esta ley.

A su vez, cuando sea promulgada la Constitución Política local, el órgano legislativo llevará a cabo la armonización entre ambas disposiciones en un plazo de 180 días hábiles.

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