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El tema de un nuevo impuesto a la plusvalía de los bienes inmuebles sigue generando polémica, pese a que la Asamblea Constituyente lo bajó del dictamen y los diputados locales dijeron que lo eliminarían de la nueva Ley de Vivienda.

Ayer el presidente del Senado, Pablo Escudero (PVEM), advirtió que si el gobierno local publica la Ley de Vivienda para la Ciudad de México presentará una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), porque esa ley es inconstitucional.

Expresó que luego de que los asambleístas aprobaron dicha ley, con la cual se pretenden imponer “mecanismos para la captación de plusvalías, generadas por acciones urbanísticas; está claro que se trata de una acción que genera perjuicio a los contribuyentes de la Ciudad.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, Leonel Luna, manifestó que no hay riesgo de inconstitucionalidad alguna y aclaró al diputado del Verde Ecologista que volverán a redactar el artículo 94 que generó alguna confusión y que no pretendió jamás cobrar algún impuesto.

El asambleísta manifestó su extrañeza porque el senador conoce a fondo el método legislativo, ya que la Ley de Vivienda de la Ciudad de México se encuentra aún en una etapa de revisión por la Consejería Jurídica local y están en pláticas para volver a redactar dicho artículo.

El senador capitalino manifestó que se tienen suficientes elementos para considerar que la nueva Ley de Vivienda resulta contraria a la Carta Magna federal.

Por lo anterior, dijo que existen elementos suficientes para presentar una controversia constitucional ante la SCJN, para que sea el alto tribunal quien determine lo que en derecho proceda sobre la reciente decisión de la Asamblea Legislativa.

El presidente del Senado expuso que la nueva Ley de Vivienda local afecta los derechos constitucionales de los contribuyentes y pequeños propietarios de la Ciudad de México, independientemente de la invasión a las competencias constitucionales propias del Congreso de la Unión.

Aseguró que la Ley de Vivienda vulnera el derecho constitucional a la propiedad privada, generando inseguridad jurídica. Igualmente, se afectan las garantías tributarias de los contribuyentes de la Ciudad, por la imposición de mecanismos confiscatorios que carecen de toda proporcionalidad tributaria, lo que se traduce en la realidad a una doble tributación sobre la propiedad inmobiliaria.

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