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El presupuesto estimado en 15 millones de pesos para la Asamblea Constituyente será aportado por el gobierno de la Ciudad de México.

Dicho monto se gastará principalmente para apoyar el trabajo de las ocho comisiones dictaminadoras.

Alejandro Encinas, presidente de la Mesa Directiva, comentó que en breve concluirán convenios de ayuda a la labor de este órgano, uno de los cuales se concretará con el gobierno local.

Al preguntarle si el dinero provendrá del acuerdo con la administración de Miguel Ángel Mancera, dijo: “Yo espero que así sea”, y añadió que el miércoles pasado hubo grandes avances en el caso.

Aclaró que se tienen que resolver temas administrativos para garantizar la autonomía y transparencia de la Asamblea Constituyente en el manejo de recursos públicos.

Encinas Rodríguez añadió que el Congreso aporta los servicios parlamentarios y el equipamiento; habrá otro convenio con la Asamblea Legislativa para tener apoyo en materia de Comunicación Social, y uno más con el Archivo General de la Nación para conformar el archivo histórico de los trabajos de la Asamblea Constituyente.

“Veo que estamos con los convenios casi terminados”, añadió el ex jefe de Gobierno, entrevistado luego de un foro organizado por el constituyente independiente Ismael Figueroa para crear una secretaría de bomberos.

Semanas atrás, Alejandro Encinas insistió en que el Congreso de la Unión debía aportar el dinero, pues al haber aprobado la reforma política, tuvo que considerar recursos para su aplicación, pero no fue así.

La cifra de 15 millones de pesos se ha manejado en los últimos días al interior de la Mesa Directiva, pero falta que se defina de manera oficial.

“Que mesa tenga reglas”. Luego del zafarrancho del constituyente Jaime Cárdenas, quien se quejó de que en la Mesa de Consulta no se le dio la palabra por haber sido llamado “falaz”, Encinas llamó a esta a conformar reglamentación para prevenir conflictos.

“Después de este incidente, la Mesa de Consulta debería de valorar una reglamentación de su trabajo, bien valdría la pena establecer las cinco o siete normas básicas que reglamenten su funcionamiento”, dijo.

En el caso de la carga de trabajo, el titular de la Mesa Directiva abrió la posibilidad de que las comisiones de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, así como la de Carta de Derechos, retrasen la emisión de sus dictámenes.

La fecha límite para hacerlo es el 30 de noviembre. Encinas aclaró que hay que esperar a la tercera semana de noviembre para evaluar los avances de los grupos de trabajo y tomar una decisión.

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