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La jefa delegacional en Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez, afirmó que los constructores de un edificio de 17 pisos para oficinas en Mariano Escobedo 595 deben presentar un nuevo estudio en materia de movilidad, en el cual se defina si es viable que el proyecto cuente con 900 cajones de estacionamiento y acceso principal por dicha vialidad, colapsada por el tránsito vehicular.

Tras la protesta de vecinos de Polanco el miércoles pasado, en la cual exigieron el cierre de la obra, la demarcación inició un proceso de revocación de la manifestación de construcción debido a presuntas irregularidades.

Xóchitl Gálvez recordó que el “problema fundamental” era que los propietarios presentaron un proyecto con entrada y salida por la calle Rincón del Bosque, una vialidad secundaria de vocación habitacional.

“Así se presentó el proyecto como tal y sonaba bien porque Mariano Escobedo está prácticamente colapsado, pero el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Polanco impide que pueda haber una salida por la calle Rincón del Bosque”, dijo en entrevista tras participar en un foro del PAN capitalino.

“El problema es que el estudio de impacto urbano se hizo con esa misma salida, se tendría que actualizar el estudio y conocer el nuevo resultado, porque Semovi había impuesto algunas medidas a los constructores y al consultar, supimos que no se habían cumplido, por eso inicié la revocación”.

Por ello, el proyecto debe tener acceso por Mariano Escobedo; sin embargo, los colonos de Polanco advirtieron que esta arteria al poniente de la ciudad es intransitable en horas pico, por ello el inmueble tendría que adecuarse y no contar con los 900 cajones previstos, pues se atraerían hasta dos mil viajes diarios más en coche a la zona.

La jefa delegacional recordó que tras el inicio de la revocación de manifestación tuvo una audiencia con los constructores y está a la espera de que sea entregado un nuevo dictamen. “Resolvimos revocar la manifestación y les dimos derecho de audiencia”, dijo.

A su vez, los vecinos inconformes interpusieron en tribunales una acción pública contra la obra en curso, proceso que generó una orden para que el Instituto de Verificación Administrativa suspenda la construcción.

“Al parecer había una suspensión, tengo pendiente hablar con Invea para ver si efectivamente existe esta orden”, expresó Gálvez Ruiz.

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