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A pesar de los instrumentos jurídicos que se han creado y adoptado para combatir las diferentes formas de violencia contra las mujeres, la Procuraduría General de Justicia, el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura locales aún no han logrado la implementación de la perspectiva de género, aseguró Perla Gómez Gallardo, titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

Con la emisión de la recomendación 6/2016 a la Procuraduría General de Justicia capitalina, por los casos de Clara Tapia y Yakiri Rubio, Gómez Gallardo destacó que siguen casos sin ser investigados con perspectiva de género.

Dijo que la obligación de erradicar la violencia contra las mujeres, impone a las autoridades de procuración e impartición de justicia, el deber de respetar y garantizar sus derechos humanos con perspectiva de género.

“Se documentó que la PGJ local cambió la calidad jurídica de las víctimas a la de probables responsables del delito, usando el poder del Estado como herramienta de castigo”, dijo Gómez Gallardo.

El organismo también acreditó violaciones a los derechos a un debido proceso y al acceso a la justicia, pues consideró que el sistema de protección judicial debió haber actuado conforme al criterio de prevención del riesgo, a partir de la evaluación de su situación, para garantizar que recibieran el tratamiento adecuado en su calidad de víctimas de los delitos de violación y violencia familiar, respectivamente.

Según el análisis de ambos casos, hecho por la CDH local, se determinó que ambas fueron expuestas a los medios de comunicación, prejuzgando su culpabilidad, sin darles garantías judiciales.

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