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La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCM) investiga al ex presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCM), Jorge Rodríguez y Rodríguez, por el delito de prevaricación.
La prevaricación es un delito en el que un juez o funcionario dicta una resolución arbitraria, con el conocimiento de que es injusta.
Durante un cateo a uno de sus despachos se encontraron expedientes de casos que aún no son resueltos por los jueces del Tribunal, los cuales fueron decomisados y aunque el otrora magistrado no fue detenido, se inició una investigación para determinar en que ocuparía los expedientes encontrados.
Según la Carpeta de Investigación FSP/T2/120/16, desde hace varias semanas se recibieron diversas denuncias anónimas que alertaban de “actos ilegales” en un departamento 301 ubicado sobre la calle Progreso número 139A de la colonia Escandón, al llegar los oficiales al despachos "Asociados Rodríguez y Rodríguez" y "Reyes y Nava", los abogados explicaron que realizaba asuntos de parcialidad.
Al hacer la inspección se encontraron expedientes de la Séptima Sala Civil del Tribunal de Justicia Local que todavía se encuentran en revisión de casos que no se han resuelto y que por ende, nunca debieron de salir del TSJCM.
Los documentos fueron encontrados en el despacho del ex presidente del organismo local, Jorge Rodríguez y Rodríguez, también estaba en el lugar la secretaria proyectista Marisol Rodríguez Mier, que trabaja para la magistrada Petra Quesada.
Los expedientes fueron decomisados para dar paso a la investigación. Según las leyes de la Ciudad de México, el prevaricato es un delito que consiste en que una autoridad, juez u otro servidor público dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial a sabiendas de que dicha resolución es injusta.
Es comparable al incumplimiento de los deberes del servidor público, esta actuación es una manifestación de un abuso de autoridad y es sancionada por el Derecho penal, que busca la protección tanto del ciudadano como de la propia Administración. Para que este delito sea punible, debe ser cometido por un servidor o juez en el ejercicio de sus competencias.
