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La Comisión Especial de Reclusorios de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) busca impulsar un conjunto de iniciativas para acabar con “las lagunas” que tiene la Ley de Centros de Reclusión para la Ciudad de México.

La finalidad es combatir la corrupción y garantizar el respeto de los derechos humanos de los internos y la internas que cumplen sentencias en cárceles capitalinas.

De acuerdo con la vicepresidenta de la instancia legislativa, Rebeca Peralta León, las modificaciones a la llamada Ley de Reclusorios se presentarán en el próximo periodo ordinario del órgano legislativo.

Destacarán las que tienen que ver con la creación de un Consejo de Honor y de Justicia autónomo que revise y castigue los actos de corrupción de funcionarios, personal de custodia y seguridad y de los mismos internos.

“Buscamos esquemas que contribuyan a mejorar los sistemas de seguridad para evitar los problemas en las cárceles, eso redundará en beneficios y en una mejor calidad de vida de los reclusos”, sostuvo la diputada del PRD.

En general, dijo, los legisladores están trabajando en el tema del Consejo de Honor y Justicia, para que sean llevados ahí tanto elementos como personal administrativo a los que se le comprueben actos de corrupción.

“Queremos modificar este consejo para que puedan ser sancionados custodios y directivos con pruebas de maltrato y violación de los derechos humanos de algún interno o interna, a pesar de que hay pruebas no se aplican las sanciones correspondientes”, indicó Peralta.

Según la vicepresidenta Comisión Especial de Reclusorios de la Asamblea Legislativa, existen muchas lagunas en la Ley de Centros de Reclusión de la Ciudad de México, “y lo que buscamos es clarificar la norma para garantizar que no se violen los derechos humanos de los grupos vulnerables al interior de las prisiones, como es el caso de indígenas, comunidad LGBTTTI, adultos mayores, entre otros”.

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