La memoria histórica de las sociedades se va construyendo a partir de los relatos que nos repetimos a lo largo del tiempo. En México, nuestro recuento histórico colonial es un crisol de acontecimientos narrados desde múltiples perspectivas, a veces contradictorias. Sobre este fundamento imperfecto los mexicanos de hoy nos explicamos de dónde venimos y por qué somos lo que somos.

Por su parte, España ha reconocido formalmente errores del pasado como Estado y además ha actuado en establecer medidas en favor de quienes resultaron víctimas de estos tropiezos. Su Ley de memoria histórica, publicada en 2007, es ejemplar por la filosofía con la que aborda las responsabilidades del pasado. Esta ley reconoce y amplía los derechos en favor de quienes fueron perseguidos o padecieron violencia durante la Guerra Civil y la dictadura. Claramente, la legislación obedece al “espíritu de reconciliación y concordia, y de respeto al pluralismo y a la defensa pacífica de todas las ideas”.

Se podría argumentar que esta ley se refiere específicamente a ciudadanos españoles y no aquellos de otros países. No obstante, en el mismo ánimo de dignificar a comunidades agraviadas, el Gobierno español también aprobó en 2015 la Ley en materia de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes. Dicha ley otorga a sefardíes extranjeros la nacionalidad española, ya que sus ancestros fueron expulsados de España en 1492, veintinueve años antes de la llamada Conquista de Tenochtitlán.

El alegato jurídico y filosófico detrás del reconocimiento a vejaciones pasadas por parte del gobierno español ha mostrado al mundo una vía deseable para cimentar el futuro. Nuestra intención es construir, desde el encuentro y no la confrontación, una ocasión para realizar otro hito histórico de reconciliación en el 2021. La iniciativa de México de promover un entendimiento de todos los actores involucrados podría ser la piedra angular para replantearnos juntos una narrativa compartida de los hechos. El impacto que tendría esta reconciliación hacia el futuro no debe de subestimarse.

A nivel mundial, las disculpas públicas oficiales forman parte de una virtuosa tendencia en la cual los estados reconocen públicamente que se causaron daños graves. Hay varios ejemplos de ello, como la disculpa oficial que el primer ministro Justin Trudeau ofreció a los indígenas de la provincia de Terranova y Labrador en 2017. Otros ejemplos icónicos sucedieron cuando el presidente Bill Clinton, en 1998, asumió públicamente la responsabilidad histórica de la esclavitud ejercida por el gobierno norteamericano o cuando el canciller alemán Willy Brandt pidió disculpas en Auschwitz por los crímenes perpetrados en contra de la comunidad judía. Brandt, por cierto, fue reconocido con el Premio Nobel de la Paz al siguiente año, en 1971.

Hay motivos por los cuales también el gobierno de México debe de ofrecer disculpas. Nos preguntaremos si debemos discutir sobre las circunstancias complejas que prevalecían en el territorio antes de la llegada de los españoles y también agradecer por los beneficios de la cultura europea. Nuestra iniciativa busca edificar desde una profunda autocrítica y honrar al pasado a partir de una introspección genuina. Hagámoslo.

Directora Ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid)

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