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¿Cómo lograr el ordenamiento territorial en nuestro país?

Juan L. Kaye López

Al inicio de la presente Administración Federal 2012-2018 el Presidente Enrique Peña Nieto, anuncio la creación de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, “con el fin de integrar y dar coherencia a las políticas de ordenamiento territorial, desarrollo urbano-regional, infraestructura, equipamiento urbano, vivienda y suelo,” además de reconocer que era necesario contar con una responsabilidad específica en este campo para que el Gobierno Federal cumpliera con las Metas Nacionales establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Esta decisión que se formalizó con la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, aprobada por el Congreso de la Unión, fue recibida con entusiasmo por la comunidad de urbanistas, investigadores, académicos e interesados en el campo de la planeación urbano-regional y del ordenamiento territorial, en virtud de que se visualizaban grandes expectativas para revertir el proceso indeseable de expansión horizontal en las principales ciudades del país, que se había observado y acelerado en las dos últimas décadas, al comprobarse que en ese lapso, la población había crecido al doble, mientras que el suelo urbanizado se había incrementado 6 veces, lo cual continúa generando serios inconvenientes para la sustentabilidad, funcionalidad, productividad y habitabilidad en las ciudades mexicanas.

Construimos expectativas y anhelos de cambio profundo, con la creación de la SEDATU, se abría una “ventana de oportunidad” para reducir de manera eficaz, los desniveles regionales y el mejoramiento de los indicadores de pobreza y marginación, así como de desarrollo humano de la población asentada en las regiones más rezagadas de nuestro país.

Sin embargo, en la Asociación Mexicana de Urbanistas, producto de una percepción objetiva de los temas que nos competen profesionalmente, consideramos que los avances logrados han sido insuficientes para que la SEDATU, alcance cabalmente con sus objetivos institucionales a pesar de que estamos conscientes del esfuerzo gubernamental que se ha desplegado a lo largo de estos 5 años de Administración Federal, entre los cuales se puedan mencionar:

a)La Regionalización Funcional de México (RFM) como insumo básico para establecer una verdadera regionalización, establecida y formalizada como agregado territorial sub-nacional.

b) La actualización de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

c) La modificación a los criterios y normatividad para delimitar nuevas zonas metropolitanas y sus efectos en el Fondo Metropolitano.

d) La Evaluación de Programas Prioritarios, a cargo de algunas áreas de la SEDATU, y por supuesto

e) A las importantes acciones de vivienda, en particular aquellas que atienden a poblaciones que resultan afectadas por fenómenos naturales.

A la luz de estos resultados, cabe preguntarse ¿Qué se requiere para que la SEDATU, cumpla con su alta responsabilidad de ordenar el territorio nacional y hacer que las ciudades sean más sustentables, habitables, productivas y competitivas, aprovechando por supuesto el siglo en que vivimos, con avances tecnológicos de toda índole que cambian los viejos paradigmas de movilidad, conectividad, productividad a velocidades antes inimaginables, ¿Cómo lograr el Ordenamiento Territorial en nuestro país?

Para lograrlo; proponemos iniciar un proceso de restructuración operativa de amplia cobertura intersectorial y territorial, mediante la creación de un INSTITUTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, el cual se visualiza como un órgano autónomo, con presupuesto propio (modelo INEGI o Banco de México) cuya responsabilidad fundamental sea con una visión de largo plazo y al margen de la administraciones sexenales, la implantación de una política de transversalidad intersectorial, en donde los grandes proyectos de infraestructura y equipamiento a escala y cobertura federal, sean lo que justifique su prioridad y realización y dejen de ser acciones desvinculadas y al margen de una visión estructuradora, que conciba a las regiones como el marco territorial en donde las ciudades, conformen sistemas y redes en interacción que preserven las áreas naturales protegidas, que tengan en cuenta, sus recursos humanos, naturales y tecnológicos, que aprovechen su potencial con base en la vocación y aptitud productiva del suelo a ocupar, así como al espacio circundante y obtengan ventajas de su localización y en el entorno regional fomenten el desarrollo agrario, entre otros.

El Programa de Desarrollo Urbano-Regional, estrechamente vinculado con el Programa Nacional de Ordenamiento Ecológico, estaría concebido como un instrumento de planeación “cúpula“ y sería de amplia cobertura nacional, con políticas, objetivos, estrategias, líneas de acción y proyectos de infraestructura y equipamiento a escala regional, mismos que seguirán siendo realizados por las dependencias federales como responsables sectoriales de los mismos, de tal forma que su sincronía y sinergia, permitan iniciar un proceso coherente y articulado, para conformar el México del Futuro, basado en sus recursos humanos y naturales, en sus ventajas competitivas y en el fortalecimiento del Federalismo, sin olvidar las prioridades para impulsar las entidades y regiones con rezagos sociales y económicos. A este verdadero “PLAN MAESTRO NACIONAL” conformado por las Regiones, deberán vincularse los Programas de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Territorial de las 32 entidades federativas, así como los correspondientes a los municipios y centros de población que las integran, considerando una nueva realidad: Las metrópolis que son unidades geopolíticas indivisibles y que requieren nuevos modelos de gobernanza. Fraccionar lo indivisible en ayuntamientos hará imposible su gobernabilidad.

Los estímulos que significan las diversas aportaciones federales en materia de infraestructura y equipamiento urbanos, vía SEDATU y otras dependencias, a los Estados y Municipios, estarían condicionados al cumplimiento de los objetivos y metas establecidos por el Instituto Nacional de Planeación para el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo.

El primer paso será el de la actualización del marco jurídico que sustente la creación del Instituto Nacional de Planeación, como organismo descentralizado, así como la figura de las Regiones como entes sub-nacionales que introducirían modificaciones a la actual legislación en particular a: la Ley de Planeación, La Ley de la Administración Pública Federal y la Ley General de Asentamientos Humanos, recientemente actualizada.

Con una Secretaría fuerte, que dirija el esfuerzo institucional, apoyado en un Instituto autónomo con visión de largo plazo, se privilegiara lo regional y urbano con ello el impulso a la calidad de vida, el desarrollo económico, la productividad de sus habitantes y se garantizaría la calidad de la inversión pública. Pero lo más importante: se combatirá a la marginación y la pobreza.

Retomemos el ejemplo de un gran urbanista mexicano: Carlos Lazo, que con sus dotes de gran planificador junto con Mario Pani dejaron entre otros ejemplos urbanísticos de gran envergadura el gran legado planeado, diseñado y construido por mexicanos que es la monumental Ciudad Universitaria, hoy: patrimonio cultural de la humanidad.

Nos permite recordar que México puede confiar en sus Instituciones, en sus leyes, pero sobre todo en su gente, y en los Urbanistas Mexicanos.
 

Maestro en Arquitectura. Vicepresidente de la Asociación Mexicana de Urbanistas, AC [email protected]
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