Los riesgos en que se ejerce periodismo en Tamaulipas se reflejaron en el caso del penal de Ciudad Victoria. No solo hubo 4 horas de balaceras tras las rejas, la tarde del 6 de junio de este año, con un saldo de 7 muertos (3 policías estatales y 4 internos) en crímenes que generaron temor en la sociedad y entre el gremio periodístico. “¡Cúbrete, es peligroso!”, de un grito uno de los reporteros alertaba a otro mientras al fondo se escuchaban las ráfagas de alto calibre, “puede haber balas perdidas”, insistía otro.

Como pudieron, agazapados, tras una barda o detrás de un poste, durante la histórica balacera los reporteros realizaron su trabajo e incluso un gran número transmitió en vivo a través de Facebook.

El 7 de junio de este año la Red de Mujeres Periodistas de Tamaulipas sintetiza la situación en un comunicado, “el Día de la Libertad de Expresión, no hay nada qué festejar”, indica el texto.

“Nunca como ahora, las y los periodistas, y los medios de comunicación de nuestro país, enfrentamos un clima de linchamiento, acoso, amenaza, así como detenciones arbitrarias, daños y allanamientos a oficina s, criminalización, campañas de desprestigio, desapariciones, secuestros y asesinatos por parte de algunos sectores del gobierno y de los grupos fácticos que atentan contra la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a estar informada, en un contexto de absoluta impunidad”.

Según las estadísticas de la organización, del año 2000 a Mayo del 2017, en Tamaulipas han asesinado a 19 periodistas, Nueve periodistas han desaparecidos del año 2004 a la fecha y hubo 14 amenazas, 12 a periodistas y 2 a medios.

En Tamaulipas, el gobierno del Estado instaló en Mayo el Comité para la implementación de medidas de seguridad a defensores de derechos humanos y periodistas, hasta que se determine la procedencia de las medidas cautelares del Mecanismo de Protección Para Personas de Derechos Humanos y Periodistas.

En un comunicado

se informó que el comité está integrado por representantes de la Secretaría de General de Gobierno, Procuraduría General de Justicia del Estado y Secretaría de Seguridad Pública, que definirán junto a las víctimas, los criterios y procedimientos de las medidas de seguridad que el estado otorgue a víctimas del delito, defensores de derechos humanos y periodistas.

cfe

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