Después de dos incidentes de “violencia de género” protagonizados por agentes de la policía estatal preventiva, la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo anunció la apertura de un departamento de apoyo psicológico para brindar ayuda a policías estatales y municipales. Se trata de una instancia única en su tipo en las entidades federativas, sólo existe una similar en la Ciudad de México.

La noche del sábado 25 de marzo, R asesinó a su esposa al disparar su arma de cargo. R era un elemento de la policía estatal preventiva. El crimen tuvo lugar en un domicilio ubicado en la calle Chunyah de la colonia Emancipación, en la ciudad de Chetumal. El agente intentó huir, pero fue detenido y consignado ante las autoridades de la Fiscalía General del Estado.

Tres días después, el 28 de marzo, un juez de control determinó que este agente policial sea el primer imputado por el delito de feminicidio en Quintana Roo. El juez determinó, también, imponer la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que el acusado se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Chetumal. La siguiente audiencia de este caso se dio el 30 de marzo, pues la defensa del imputado solicitó la ampliación del término de 72 horas.

Es el domingo 26 de marzo. No han pasado ni 24 horas desde que R asesinó a su esposa, cuando D, otro agente de la policía estatal preventiva, disparó su arma de cargo en contra de una vivienda donde se encontraba su familia. El suceso ocurrió en la calle Marciano González, a espaldas de la funeraria Gamero; no se reportaron personas lesionadas, pero el agente D fue puesto a disposición de las autoridades.

Ante los dos incidentes de “violencia de género” protagonizados por agentes de la policía estatal preventiva el fin de semana en la ciudad de Chetumal, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado anunció que tendrá un departamento de “apoyo psicológico”, con el cual busca brindar ayuda a los agentes estatales y municipales; además, la dependencia de advirtió que habrá “cero tolerancia al mal uso del armamento policial”, dado que en los dos casos, los policías detonaron sus armas de cargo.

La institución afirmó que “trabaja en la creación de un departamento de atención psicológica policial que en los próximos meses estará operando, ante el riesgo permanente que conlleva la labor que realizan los elementos policiales y que requiere que se cuente con un área de especialistas que asistan y brinden apoyo psicológico, además de generar campañas de salud mental que detecten factores de riesgo emocional que puedan causar alguna afectación a su desempeño”.

Elemento agresor con negro historial

De acuerdo con versiones oficiales, el agente que detonó su arma contra la casa de su familia se trata del mismo elemento por el que el pasado 15 de marzo, la Secretaría de Seguridad Pública ofreció una disculpa pública a un interno del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Chetumal. El policía estuvo relacionado con la violación a los derechos humanos de la víctima, en la pasada administración estatal. La disculpa se dio como parte de la recomendación 03/2016 que emitió la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo.

La disculpa pública fue ofrecida por José Eliezer Varela Durán, Comisionado de la Policía Estatal Preventiva como parte de una recomendación emitida por derechos humanos por una detención arbitraria ocurrida en abril del 2015. En este acto estuvo presente la víctima y sus familiares, autoridades de la Comisión de Derechos Humanos del Estado y la Comisionada de Atención a Víctimas del Estado, Karla Rivero González.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado afirmó que “privilegia el cambio para bien de las familias y refrenda su compromiso de velar por la dignidad de las personas y fortalecer la profesionalización de sus elementos con el fin de ofrecer con buenas prácticas policiales el servicio de calidad y calidez que merece la gente de nuestra entidad”.

La recomendación 03/2016 fue en base a la investigación que realizó la comisión de derechos humanos, misma que constató la detención arbitraria en contra de un joven, por parte de elementos de la policía estatal y municipal, así como la tortura en manos de agentes de la policía ministerial cometidos en abril de 2015.

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