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Loma de Bácum.— La tarde del 13 de diciembre, un comando armado privó de la libertad a la abogada indígena yaqui María Anabela Carlón Flores y a su esposo, principales opositores al paso del Gasoducto Aguaprieta. La representante legal fue liberada horas después, en tanto su cónyuge continúa retenido.

“Estamos indefensos, sufrimos un acoso persistente, los miembros de la Guardia Tradicional son perseguidos cuando salen de nuestra comunidad, ahorita acaban de replicar las campanas, es una emergencia, al parecer levantaron a otro”, dijo angustiada.

Comentó que es grave la situación que está atravesando Loma de Bácum, el único de los ocho pueblos yaquis que se negó a firmar la autorización para que Gasoducto Aguaprieta, subsidiaria de IENOVA cruce por su territorio. A pesar de que hay un amparo, la empresa sigue trabajando violando la ley, con el permiso del gobierno, recriminó.

La representante legal del grupo de yaquis, relató los hechos ocurridos el 13 de diciembre, donde fueron interceptados por sujetos “encapuchados” que se trasladaban en tres vehículos, cuando se dirigían del municipio de Bácum a la reserva indígena.

Los obligaron a bajarse, les taparon la cara y los subieron a otro automóvil, y les advirtieron que “dejáramos de hacer chingaderas”. La activista fue bajada en la cercanía de un canal de Ciudad Obregón y dijo que mientras se los llevaban eran seguidos por una patrulla de la Policía Estatal.

Desconoce el paradero de su esposo y ella teme por su vida, denunció a EL UNIVERSAL, al advertir que la situación cada hora se pone más tensa en este pueblo.

El pueblo de Bácum, a través de sus autoridades tradicionales emitió un comunicado donde reitera que no están dispuestos a ceder para que la empresa Gasoducto Aguaprieta, subsidiaria de IEnova continúe la obra, sino realiza una consulta pública.

Teódulo González López, comisionado para la Defensa de la Tierra, el Agua y los Derechos Humanos, responsabilizó al secretario de Gobierno, Miguel Ernesto Pompa Corella si se presenta un nuevo brote de violencia, como el registrado el 21 de octubre de 2016, cuando se enfrentaron alrededor de 600 yaquis, con el saldo de una persona muerta, ocho heridas y 13 vehículos incendiados, ya que según dijo está operando con falsos “voceros” de la etnia.

“Reiteramos nuestro llamado a la señora gobernadora del Estado para que comisione operadores capaces para la atención de este asunto del gasoducto que se complicó innecesariamente por el desaseado procedimiento que se llevó a cabo desde el principio”.

Un llamado por enésima vez a Carlos Ruiz Sacristán, presidente y director general de Infraestructura Energética Nova, S.A. de C.V. (IEnova), para que asigne personal con facultades de decisión para revisar el contrato de servidumbre de paso por contener cláusulas ilegales, dolosas y lesivas contra nuestro pueblo, lo que ha sido causa también de la oposición a la obra, dijo González López.

En el comunicado del Gobierno de la Nación de la Tribu Yaqui, autoridades del Pueblo de Bácum, se expresó respeto a sus hermanos de los otros pueblos de la etnia, sus jurisdicciones territoriales, sus guardias y autoridades tradicionales.

Aclaró: “Que nuestro pueblo Loma de Bácum jamás ha invadido ni atacado ni promovido la violencia en contra de otro pueblo de nuestra nación yoeme, pues somos respetuosos de la soberanía y autonomía de cada uno de los ocho pueblos en sus respectivas jurisdicciones territoriales porque sabemos que el respeto ajeno es la paz”.

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