El gobierno de Nuevo León, planteó reducir un 40 por ciento el presupuesto destinado para la atención de víctimas del delito y violaciones graves a los derechos humanos, pues de 46 millones 923 mil 045 pesos, aprobados para el presente año, pretende que en 2017 solamente se destinen 28 millones 047 mil 467 pesos, denunció la agrupación Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC).

La agrupación civil señaló que resulta absolutamente inaceptable que para dicho rubro presentó el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, dentro del presupuesto de Egresos para 2017, que aplicaría la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).

Precisó CADHAC que dentro de esta reducción, “el impacto principal es para el rubro denominado ayudas sociales a personas,  que es precisamente el dinero para reparar el daño a las víctimas” partida que de ser aprobada por el Congreso en los términos propuestos por el Ejecutivo, pasaría de de  los 25 millones de pesos que tenía este fondo en 2016, a solamente 5 millones de pesos para el próximo año.

“Es importante recordar que este dinero es parte de la reparación integral del daño que por derecho les corresponde a las víctimas de delitos o de violaciones de derechos humanos”, expuso la organización que dirige la religiosa Consuelo Morales Elizondo, que destacó, “no se trata de un privilegio que arbitrariamente puedan otorgar o dejar de otorgar las autoridades”.

La organización no gubernamental, expuso al respecto, “no es posible que el gobierno de Jaime Rodríguez continúe sin asumir la responsabilidad que tiene el Estado y siga dejando a un lado la justicia para todas estas víctimas que necesitan reparación del daño de forma urgente”, expresó CADHAC.

“El recorte para la CEEAV nos parece particularmente contradictorio ante la creciente y evidente ola de delincuencia y de violaciones graves a derechos humanos por la que el estado de Nuevo León está pasando”, expuso la asociación civil.

Finalmente exhortaron  a la legislatura local, a “revisar y corregir este desatino en la propuesta del ejecutivo estatal, a fin de impulsar la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación para todas las personas de Nuevo León que han sido víctimas de algún delito o de alguna violación de derechos humanos”.

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