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Wixaritari y ganaderos disputan 10 mil has

La falta de atención de las autoridades en La Yesca, Nayarit, tensa el conflicto para la restitución de hectáreas a los huicholes

Los ganaderos argumentan que la sentencia sobre sus tierras es una injusticia y que los gobiernos federal y estatal han sido omisos en todo este asunto (FOTOS: RAÚL TORRES. EL UNIVERSAL)
Estados 24/09/2016 01:28 Raúl Torres / Corresponsal Actualizada 01:28

Nayarit

Ganaderos de Huajimic, en La Yesca, Nayarit, mantienen un cerco en los accesos que conducen a un predio recuperado por la comunidad wixaritari (huichola) de San Sebastián Teponahuaxtlán-Tuxpan a través de tribunales, e intentan cortar el suministro de víveres del campamento que ahí establecieron los indígenas para resguardar el territorio.

El pasado jueves, personal del Tribunal Agrario 56 ejecutó una sentencia para restituir 148 hectáreas a la comunidad indígena, pero los ganaderos reaccionaron y retuvieron durante más de cuatro horas a personal del Tribunal Agrario, al abogado de los wixaritari, a una funcionaria del gobierno de Jalisco y a un grupo de periodistas.

El encono en la zona es provocado por la no intervención de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu) del gobierno federal y las omisiones del gobierno de Nayarit ante este añejo conflicto agrario entre los wixaritari y los ganaderos.

El jueves, durante la ejecución de la primera de 13 sentencias que le restituyen casi 2 mil hectáreas al pueblo wixarika, el gobierno de Nayarit decidió enviar al sitio sólo a un par de policías investigadores, pese a la petición de mayor apoyo por parte del tribunal y la advertencia de la Secretaría de Gobernación de que el asunto es de “alta conflictividad social”.

En un oficio (SG/CDPIM/080/16) firmado el 16 de septiembre por Jaime Martínez Veloz, titular de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, y dirigido a Jorge Armando Gómez Arias, secretario general de Gobierno de Nayarit, se solicita brindar la debida atención para garantizar que no hubiera problemas al momento de ejecutar la sentencia.

La Fiscalía de Nayarit informó, a través de un comunicado, que 120 policías se desplegarían en la zona para resguardar la paz, pero en todo momento se mantuvieron a varios kilómetros del sitio del conflicto, que sólo fue vigilado por unos cuantos policías municipales y personal de la Fiscalía del estado.

Esta primera “ejecución forzosa”, que implicó el desalojo de 184 hectáreas que estaban en poder de Enriqueta Monroy, se logró realizar debido a que bajaron desde las comunidades de San Sebastián y Tuxpan unos 800 wixaritari, quienes tomaron el territorio e inhibieron la resistencia de algunos pobladores de Huajimic que se presentaron en el predio; la afectada no estuvo presente por motivos de salud, pero tampoco envió representante legal.

El delegado municipal de Huajimic, Manuel González Rodríguez intentó que la actuaria del juzgado no ejecutara la sentencia, mostrando supuestos videos de gente armada que acompañaba a los wixaritari; sin embargo, al no tener pruebas fehacientes del hecho la representante del tribunal continuó con el proceso establecido en el expediente 769/2012 y entregó las tierras a la comunidad indígena.

Por la tarde, al terminar la diligencia, al menos un centenar de ganaderos enfurecidos con lo que sucedió —y quienes también ostentan títulos de propiedad en este conflicto que en total afecta 10 mil hectáreas—, bloquearon el paso de los funcionarios del tribunal, del abogado de los indígenas y de los periodistas.

A los funcionarios los agredieron verbalmente e incluso los jalonearon, al resto sólo los retuvieron para exigir la presencia de autoridades estatales y federales para solucionar el conflicto.

La molestia de los ganaderos tiene que ver con que además de las 13 sentencias que favorecen a los wixaritari, hay aún 24 juicios en proceso que posiblemente se resuelvan en favor de los indígenas para restituirles en total 10 mil hectáreas, lo que implicaría que muchos de los mestizos se queden sin tierras.

Es el caso de Audelina Villagrán Ruiz, quien tiene cabezas de ganado en las 35 hectáreas que le heredó su marido y argumenta que lo ocurrido se trata de una injusticia, pues en esa región se producen hasta 6 mil cabezas de ganado cada año y se generan empleos e impuestos.

Entre los ganaderos hay posiciones distintas respecto a los wixaritati, puesto que mientras algunos, como Alejanado Quintanilla Barajas, los consideran holgazanes y señalan que se les debería “prohibir” tener tantos hijos, hay quienes, como Buenaventura Montoya, consideran que los indígenas están haciendo lo que les toca hacer.

Sin embargo, dos cosas mantienen unidos a los ganaderos: la sensación de que los están despojando y de que los gobiernos federal y estatal han sido omisos en todo este asunto, para provocar la confrontación.

Algunos de los presentes en el bloqueo dijeron a EL UNIVERSAL que el alcalde de La Yesca, Jair de Jesús Paredes Castañeda, tenía órdenes del gobernador, Roberto Sandoval, de no intervenir y que, incluso, el subsecretario de Desarrollo Agrario de la Sedatu, Gustavo Cárdenas Monroy, ha dicho que al parecer el Programa de Atención a Conflictos Sociales del Medio Rural (Cosomer) está esperando que ocurra un hecho de sangre para intervenir.

Desde que inició el bloqueo por parte de los ganaderos estuvo presente un funcionario de la Fiscalía, quien sólo se identificó como jefe de investigación de la zona, pero pronto se retiró del lugar “para ir a recibir instrucciones” y apareció horas después, cuando ya había un acuerdo entre algunos ganaderos y el abogado de la comunidad indígena, Rubén Ávila Tena.

Por la noche, tras varias horas de tensión y ya con mayor presencia policiaca en el punto del bloqueo, los ganaderos acordaron liberar el paso a cambio de que el abogado gestionara una reunión con los wixaritari para tener un diálogo directo y entre ambas partes presionara a la Sedatu para que, como lo han solicitado en varias ocasiones, destine indemnizaciones justas a través de Cosomer para quienes pierdan las tierras en los tribunales.

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