El ambientalista mexicano Gustavo Castro, único testigo del asesinato de la líder indígena Berta Cáceres, el pasado 3 de marzo, retornó hoy a su país luego de que una jueza hondureña suspendiera la alerta migratoria que regía contra él.

El activista viajó, bajo fuertes medidas de seguridad, desde el aeropuerto de Tegucigalpa con destino a México, acompañado de su hermano Óscar Castro, según imágenes transmitidas por medios locales.

Castro retornó a su país un día después de que la jueza hondureña Victorina Flores decidió "dejar sin valor y efecto" la alerta migratoria que regía contra él.

El mexicano era huésped de Berta Cáceres el día en que fue asesinada la también líder ambientalista hondureña, que además era coordinadora general del Comité Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), del que era cofundadora.

La medida de suspensión de la alerta migratoria se produjo pocas horas después de que el Ministerio Público (MP) indicara en un comunicado sobre el asesinato de Berta Cáceres que ha sido evacuada "casi en su totalidad" la investigación científica en una primera fase.

Indicó que no descarta que pueda solicitar la presencia en Honduras del ambientalista mexicano de surgir nuevos elementos en la investigación, y le agradeció toda su colaboración a los cuerpos de seguridad en la investigación del asesinato de Berta Cáceres.

El MP agregó que en colaboración con el Copinh se hacen "verificaciones" en algunos lugares donde la ambientalista recibió amenazas.

Explicó además que todas las acciones que el Ministerio Público realiza están "bajo el control jurisdiccional", con el propósito de "asegurar y preservar las fuentes de prueba, respetar los derechos fundamentales de las víctimas, testigos y sospechosos".

Como parte de la investigación, el Ministerio Público señaló que el pasado día 13 intervino por orden judicial una empresa extranjera que pretende construir un proyecto hidroeléctrico, al que Cáceres se oponía porque consideraba que causaría daños a ríos del occidente del país.

En la empresa Desarrollos Energéticos (DESA), de capital hondureño y chino, las autoridades hondureñas han decomisado "armas, secuestrado documentos" y ha tomado "declaración testifical" a empleados de la compañía, añade la información oficial.

spb

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