Promoverán recurso de inejecución contra gobierno municipal de Cancún

En 2008, la Prelatura comenzó a colocar –ilegalmente– palos y lonas para instalar una capilla, sin poseer permisos e invadiendo áreas de equipamiento, destinadas a parque urbano, por lo que comenzó una lucha ciudadana para recuperar el espacio público

Foto: Adriana Varillas
Estados 08/03/2016 20:47 Adriana Varillas / corresponsal Cancún, Quintana Roo Actualizada 21:04
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La organización “Ombligo Verde” promovió hoy un incidente de inejecución de sentencia, ante el Juzgado Tercero de Distrito, radicado en Cancún, que ordenó al gobierno municipal encabezado por el edil, Paul Carrillo, el desalojo de la capilla de “San Pablo Apóstol”, ubicada en la Región 200 de esta ciudad.

La resolución de la juez Tercero, Ana María Nava, referente al expediente 410/2015, estableció que en un término de cinco días hábiles –no tres, como originalmente comunicó “Ombligo Verde”– el síndico del ayuntamiento de Benito Juárez, Guillermo Brahms, debía iniciar el procedimiento necesario para la recuperación del espacio público, ubicado en la Región 200, entre las calles Circuito Hacienda de la Llave y Hacienda de la Luz.

La desocupación de la capilla no ocurrió, pese a que el término venció ayer, indicó el presidente de “Ombligo Verde”, Tulio Arroyo, quien informó que el síndico no sólo incurrió en desacato de una orden judicial –lo que amerita su destitución– sino que además la Prelatura Cancún-Chetumal decidió ampliar las obras de la capilla durante el fin de semana pasado.

“Recae la responsabilidad sobre el síndico municipal (sic) porque es el representante jurídico del ayuntamiento”, dijo sobre Brahms y, al referirse a la Prelatura, amplió: “Desde hace cuatro días los transgresores se dedicaron a construir frenéticamente sobre el predio invadido, en lugar de cumplir con el mandado judicial”.

En el documento, al que tuvo acceso EL UNIVERSAL, la jueza advierte que se considerará como un incumplimiento “el retraso por medio de evasiones o procedimientos ilegales de aquella o cualquier otra autoridad que intervenga en el trámite relativo”.

En entrevista previa, Brahms reconoció que dejarían correr el término del plazo, a riesgo de caer en desacato, para dar margen a la negociación entre las partes, puesto que el acto reclamado es ya un hecho consumado.

Al respecto, Arroyo Marroquín –acompañado de Alicia Vázquez Rocha, habitante de la Región 200, quien junto con Lourdes Ibarra promovieron diversos recursos ante juzgados y ante el Segundo Tribunal Colegiado que dieron pie a la sentencia– subrayó que no existe margen de negociación, debido a que la resolución de la jueza no es recurrible y las obras carecen de licencia de construcción.

El activista explicó la lucha ciudadana para recuperar el espacio urbano nació en 2008, cuando la Prelatura comenzó a colocar –ilegalmente– palos y lonas para instalar la capilla, sin poseer permisos e invadiendo áreas de equipamiento, destinadas a parque urbano, público.

“Esto es muy importante no perderlo de vista. Se trata de una invasión promovida por la Prelatura, que son los Legionarios de Cristo y solapada por el ayuntamiento”, remarcó.

Las ciudadanas promovieron dos amparos, ante los Juzgados Quinto y Tercero de Distrito, así como dos recursos ante el Segundo Tribunal Colegiado del 27 Circuito.

El primer amparo respondió a la negativa del gobierno municipal a dar respuesta a las ciudadanas y el segundo ante la resistencia de recuperar el espacio público.

En ambos casos se tuvo que recurrir al Tribunal para combatir las resoluciones de los jueces.

En el caso del amparo 94/2015, “Ombligo Verde” promovió un recurso de revisión, en el que se demandaron dos cosas: Una, la expedición de permisos a favor de la Prelatura y, la segunda, la desocupación del espacio público.

Al dictar sentencia, el Colegiado instruyó al Juzgado Tercero a corregir su resolución original.

Al hacerlo, la jueza Ana María Nava declaró el sobreseimiento del primer punto, debido a que el gobierno municipal respondió que no conocía la existencia de la capilla, ni había expedido ninguna clase de permisos para su construcción. En el segundo término, ordenó el desalojo del inmueble.

Al haber incurrido en desacato, hoy se promovió el incidente de inejecución de la sentencia ante el Juzgado Tercero, que habrá de dar parte al Tribunal Colegiado y se impondrá una multa, sin contar con que el síndico –al haber incurrido en responsabilidad– podría ser destituido.

msl

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