24 | MAR | 2019
Foto: Archivo

Magistrado explica tema de Ficrea en Coahuila

18/12/2015
13:57
Hilda Fernández / Corresponsal
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Gregorio Alberto Pérez Mata dejó este jueves la presidencia del Tribunal Superior de Justicia; explica en su último informe que el Poder Judicial del Estado de Coahuila “se constituyó en ofendido” por el fraude

El magistrado Gregorio Alberto Pérez Mata, quien este jueves dejó la presidencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), después de estar al frente los últimos 10 años, dijo que el Poder Judicial del Estado de Coahuila “se constituyó en ofendido” por el fraude de la Financiera Ficrea de 125 millones de pesos (casi 127 millones de pesos según la Auditoría Superior del Estado ASE).

Al rendir su último informe del segundo y décimo periodo al frente del TSJ en sesión ordinaria del Consejo de la Judicatura, Pérez Mata explicó por primera vez el caso Ficrea. Sostuvo desde hace un año el ahorro había sido de 90 millones de pesos, y no los 126 millones 938 mil 787 pesos con 40 centavos, que reportó después al Congreso Local y la ASE.

Los recursos ahorrados desde 2010 al 2014 eran del Fondo para el Mejoramiento de la Administración de Justicia y el magistrado confió en que van a recuperar ese dinero. 

Como se publicó, no habrá a quién sancionar, porque según la ASE fue “una falta administrativa” y “no hay materia”, pues la directora de Recursos Financieros, presunta responsable de hacer los depósitos, ya no trabaja ahí.

Para lograrlo, según destacó Pérez Mata, ya realizaron las acciones legales, civiles, mercantiles y administrativas conducentes al denunciar ante el Ministerio Público de la Federación (de la PGR) y la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), para lograr la reparación del daño.

Adujo la presunta estafa multimillonaria “a los actos presuntamente ilícitos de sus administradores (de Ficrea), no por irregularidades, no por parte de quienes tenían a su cargo el Fondo para el Mejoramiento de la Administración de Justicia”.

“Confiamos plenamente en las instancias legales involucradas, entre ellas la Comisión Nacional Bancaria, para que el patrimonio del fondo sea restituido en los tiempos y formas que las leyes de la materia establecen”, declaró ante magistrados y magistradas del Consejo de la Judicatura.

Ahí dio cuenta de los resultados de este año a juezas y jueces, magistrados de la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia; del Tribunal de Conciliación y Arbitraje y del Tribunal Especializado en Justicia para Adolescentes, que atestiguaron la sesión ordinaria en la Sala de Juntas y Acceso Virtual, del la sede del Poder Judicial del Estado, situado en el bulevar Francisco Coss.

Pérez Mata, quien volverá a ocupar una magistratura y según versiones extraoficiales probablemente sea relevado en el cargo por la magistrada Miriam Cárdenas Cantú, refirió que la ASE constató que la contratación e inversiones realizadas fueron conforme a la normatividad aplicable.

Se tomaron en consideración los precedentes de las autoridades federales, así como los principios que rigen el sistema financiero y la normatividad para la protección de los usuarios de dicho sistema, aseguró.

En entrevistas con medios, Pérez Mata siempre sostuvo que el dinero estafado por Ficrea no afectaba en nada las finanzas del Poder Judicial.

Ahora argumentó que, conforme a la normatividad,  por disposición expresa de la ley, nace la obligación de buscar y procurar las inversiones de dichos recursos a la tasa más alta disponible, empero, no explicó cuánto dinero obtuvieron de intereses ni en qué los invirtieron.

Reiteró “en forma contundente y clara”: los recursos fueron invertidos en instituciones autorizadas y supervisadas por instancias federales competentes.

“Las operaciones fueron registradas, auditadas en su oportunidad en un periodo de por lo menos 5 años, por auditores externos e internos, y la Auditoria Superior del Estado, quienes ejercieron la supervisión y control, de dichas operaciones financieras”, detalló.

“Se reclamó y se reclamarán hasta sus últimas instancias los recursos invertidos. Esta es y será nuestra obligación y responsabilidad”, sentenció al dar por concluida la explicación sobre este escandaloso asunto.

Asimismo, refirió que el presupuesto que ejerció el Poder Judicial en 2014 fue de 481 millones 856 mil 424 pesos, de los cuales un 87.73% correspondió al pago de sueldos y prestaciones al personal y el 12.27% restante se destinó a cubrir los gastos por materiales, suministros, servicios generales, mobiliario, equipo, mantenimiento y remodelación de inmuebles.

EN TRÁMITE 107 MIL EXPEDIENTES

En cuanto al trabajo realizado informó que el 1° de junio de 2013 inició la vigencia del Sistema Acusatorio-Adversarial en el Distrito Judicial de Monclova.

Para ese propósito fue inaugurado y puesto en funcionamiento el Centro de Justicia Penal con asiento en el municipio de Frontera. El 27 de octubre de 2014 el de Saltillo.

Desde el inicio del nuevo sistema de enjuiciamiento penal, se han desahogado un total de 2 mil audiencias, así como 27 juicios orales.

Asimismo, dijo que desde la entrada en vigor del nuevo sistema que reemplaza “el papeleo y la pila de documentos que en forma de expediente generaba sospechas y dudas en cuanto a las condiciones de la acusación y por ende, la incertidumbre en aquel que está siendo juzgado”.

Al dar cuenta del trabajo cotidiano de más de mil 405 servidores públicos de la Administración de Justicia en Coahuila precisó:

Los Juzgados de Primera Instancia en materias Civil, Mercantil, Familiar y Penal recibieron 54 mil 139 asuntos, dictaron 447 mil 051 acuerdos, practicaron 194 mil 500 diligencias actuariales y concluyeron 22 mil 427 asuntos, de tal manera que se atendieron un total de 165 mil 878 asuntos, y se encuentran en trámite 107 mil 126.

Pérez Mata expuso también que los jueces, cualesquiera que sea su jerarquía y especialidad, tienen en sus manos el destino de seres humanos, ya sea en su persona, en su libertad o en su patrimonio, razón por la cual la función jurisdiccional se debe ejercer no sólo con una preparación profesional a toda prueba.

Sino que además, agregó, en su actuación debe privar la discreción, la mesura y la prudencia que demanda tan trascendental función.

Destacó que rendía su informe de labores en absoluto respeto a los principios generales de acceso a la información pública y rendición de cuentas, “convencido de que sin la transparencia institucional, difícilmente podría darse el ejercicio de la función pública, en el marco de una democracia como la nuestra”.

 

spb

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