Ven violación de leyes en uso de fosa común

Autoridades no dieron parte de inhumación a Registro Civil y Salud. Ex directora de Servicios Periciales ordenó entierro de 105 cuerpos

Estados 14/11/2015 04:10 Justino Miranda / Corresponsal Cuernavaca. Actualizada 05:17
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Los 105 cadáveres sepultados de forma irregular en una fosa común de la Fiscalía General del Estado corresponden a desapariciones de 2010, 2011, 2012 y 2013, de acuerdo con datos oficiales.

Especialistas en la materia afirman que las autoridades violaron disposiciones de la Ley General de Salud y la correspondiente para el estado, porque nunca dieron parte a las oficialías del Registro Civil de Cuernavaca y Cuautla, ni a los Servicios de Salud.

Los cuerpos fueron levantados por el Servicio Médico Forense (Semefo) en municipios de la zona centro y oriente de Morelos, principalmente, por lo que su custodia correspondió a las fiscalías metropolitana y de la región oriente, según las investigaciones preliminares de la fiscalía estatal.

El lapso para mantener cadáveres en las cámaras frigoríficas es de tres meses y después son enviados a las fosas comunes; en este caso la conservación de los cuerpos se prolongó más tiempo porque las fosas que tiene la fiscalía ya estaban saturadas.

Así que cuando la Fiscalía de la Región Oriente consiguió un espacio en el panteón de Tetelcingo, del municipio de Cuautla, fue aprovechado por la entonces directora general de Servicios Periciales, Ana Lilia Guerrero Moreira, para ordenar el 28 de marzo de 2014 la inhumación de 55 cadáveres almacenados en la Fiscalía Metropolitana, con sede en Cuernavaca, y otros 50 alojados en los refrigeradores de la Fiscalía de la Región Oriente.

En este último grupo iba el cuerpo de Oliver Wenceslao, raptado y asesinado, en mayo de 2013. Su cadáver fue depositado en la fosa, a pesar de haber sido identificado desde junio de 2013 por sus familiares.

Las anomalías. Abimelec Morales, ex director estatal de Servicios Periciales, dice que la inhumación de los 105 cadáveres violó la Ley General de Salud, el Código Familiar del Estado y el reglamento del Registro Civil.

Explica que de acuerdo con el artículo 60 de la Ley General de Salud, la disposición de cadáveres de personas desconocidas estará sujeta a lo que señale el Ministerio Público.

Pero, según el artículo 63 de la misma ley, la inhumación o incineración sólo podrá realizarse con la autorización del encargado o juez del Registro Civil que corresponda.

Los cuerpos inhumados no contaron con los permisos del Registro Civil de Cuernavaca y tampoco de Cuautla, como lo establece la ley.

La inhumación irregular. El 24 de mayo de 2013, María Concepción Hernández, madre de Oliver, recibió la llamada de su ex nuera para informarle que su hijo había sido privado de su libertad afuera de su domicilio. Oliver vivía en la colonia Ampliación Gabriel Tepepa de Cuautla.

María Concepción acudió a la fiscalía de la región, donde permitió que el reporte se diera como persona desaparecida y fue hasta las 72 horas posteriores cuando levantó la denuncia formal con número de averiguación previa CT—UIAE/83/2013.

El cuerpo de Oliver fue hallado el 3 de junio de 2013, pero la entonces subprocuradora de la Zona Oriente, Liliana Guevara Monroy, manifestó “que era necesario realizar más pruebas periciales en el cadáver”.

En diciembre de 2013 la entonces subprocuradora de la Zona Oriente, Silvia Solórzano Flores, fue destituida del cargo tras una serie de irregularidades en la integración de las carpetas de investigación. En ese mismo mes, Guevara Monroy se jubiló.

Desde entonces y hasta fines de 2014, María Concepción creyó que el cuerpo de su hijo estaba en los frigoríficos del Semefo, pero fue hasta que uno de sus hermanos, quien realizó prácticas profesionales en el lugar, informó que el depósito de cadáveres estaba vacío.

El 4 de diciembre, el fiscal regional José Manuel Serrano Salmerón, recién nombrado en el cargo, informó a los familiares que el cadáver de Oliver fue enviado a la fosa común, del poblado de Tetelcingo, sin realizar los trámites ministeriales y administrativos de ley. Ahí se enteró de que su hijo fue inhumado el 28 de marzo de 2014, presuntamente por órdenes del entonces fiscal general del estado, Rodrigo Dorantes Salgado, y Ana Lilia Guerrero Moreira, quien fungía como directora general de Servicios Periciales.

El 9 de diciembre se ordenó la exhumación de Oliver y un día después fue entregado a sus familiares. Se inició entonces la queja judicial JCC/555/2014, a cargo de la jueza oral Gabriela Acosta Ortega, quien determinó la omisión dolosa por parte del Ministerio Público en la investigación.

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