Deudos de abatidos recurren a la CNDH

Un mes después de iniciada la Operación Jalisco —cuyo objetivo principal es la captura de Nemesio Oseguera Cervantes, 'El Mencho', presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación—, cuatro de las cinco familias que denunciaron la desaparición de uno de sus miembros durante las acciones militares realizadas el 1 de mayo, en el municipio de Villa Purificación, lograron identificar a sus parientes entre los abatidos por el Ejército ese día.

Sin embargo, pidieron la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que se realicen nuevos peritajes para demostrar si sus familiares fueron torturados.

La versión que la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO) ha dado a los familiares de los abatidos señala que todos eran integrantes del cártel y que murieron en un enfrentamiento con militares.

“Si es que anduvieran mal, me pregunto por qué a los de Michoacán (Tanhuato), que es el mismo caso se puede decir, rápido los entregaron, y por qué a nosotros nos tardan tanto tiempo y no nos dan respuestas”, señaló Susana Álvarez, esposa de Fernando Gaspar González, quien asegura que su pareja trabajaba como campesino desde hace año y medio en el municipio El Grullo.

Ella y sus dos hijos viven en Colima, veían a Fernando cada 22 días y se comunicaban por teléfono; pero después de no tener noticias por varios días, el 14 de mayo un hombre llamó al celular de Susana para decirle que a Fernando lo habían arrestado los soldados.

Desde entonces tuvo que ir juntando piezas de un rompecabezas que hoy sólo le da la certeza de que su esposo está muerto: “Nada me han entregado de sus pertenencias, no me dicen cómo murió, tengo muchas dudas. (...) La primera vez que venimos (el lunes 18 de mayo) nos dijeron que no podíamos verlos porque estaban muy descompuestos, que llegaron desnudos, y ahora nos dicen otra cosa y me enseñan una foto donde tiene un pantalón como de militar y un chaleco antibalas”, dijo al salir cerca de la medianoche de este lunes del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), donde los cuerpos de los civiles abatidos el 1 de mayo fueron entregados entre el 3 y 4 de mayo, según la información oficial.

Lo que Susana no entiende y nadie le ha explicado, es por qué si supuestamente Fernando murió en un enfrentamiento, lo llevaron en tan avanzado estado de descomposición al IJCF; por qué, si supuestamente traía chaleco antibalas, tiene tiros en el pecho y espalda, por qué la primera vez que llegó a buscarlo le dijeron que no estaba ahí y que los cuerpos que habían llegado estaban irreconocibles, por qué la SEIDO los ha hecho ir de un lado a otro tantos días y apenas ayer le entregaron el cuerpo.

La historia de Angélica Curiel, quien apenas el 2 de abril recuperó el cuerpo de su hijo Alan Rogelio Arredondo, de 18 años, es similar: alguien le avisó que los soldados lo habían matado y comenzó a buscarlo en varias dependencias, hasta que llegó al IJCF.

“Hay muchas anomalías y no me convence lo que dicen, me enseñan fotos del cuerpo de mi hijo con un chaleco antibalas y tiene balazos en el pecho. (…) No entiendo por qué tiene balazos en la espalda cuando dicen que fue un enfrentamiento, y también tiene un balazo en la cabeza, como si se hubiera suicidado. (…) Cuando venimos la primera vez nos dijeron que los habían traído desnudos y ahora resulta que no es cierto. (…) Quiero que me quede claro cómo fue la muerte de mi hijo, por qué parece que fue torturado y acribillado”, indicó.

Adriana Villa comenzó a buscar a Margarito Capetillo —que trabajaba en un aserradero de Tecomán, Colima—, el 12 de mayo, cuando a través de una llamada anónima le dijeron que los militares lo habían detenido.

“Yo no me quedo a gusto con lo que me dijeron, tiene toda la cara aplastada y negra. (…) Queremos que Derechos Humanos hagan otro peritaje. (...) Nos dijeron que ya no le pueden hacer esos estudios al cuerpo, pero que van a revisar todo el expediente”, dijo.

El otro cuerpo que se identificó y entregó la tarde de este martes es el de Juan Antonio Gaona. Según el abogado que lleva el caso, Javier Díaz, se solicitó a la CNDH un nuevo dictamen de criminalística para corroborar o descartar la veracidad del emitido por el IJCF.