En México y en el extranjero se reconoce el liderazgo de la UNAM en ámbitos como el científico, educativo, cultural o deportivo; también se le reconoce su valor social al permitir que cientos de miles se eduquen en sus aulas y puedan aspirar a mejorar sus condiciones de vida, al ser la educación un factor muy importante de movilidad social.

Pero en la UNAM también se reproduce la inequidad y la precariedad en el trabajo que existe fuera de ella. A finales de 2017, de 49 mil 298 nombramientos académicos, 11% correspondió a profesores de carrera, es decir, que contaban en su mayoría con una plaza de tiempo completo, con un sueldo que fluctuó entre 11 y 22 mil pesos (en términos reales), además los bonos por productividad y desempeño, que llegan a representar hasta un incremento de 60% en sus percepciones. Otro 64% correspondió a profesores de asignatura, quienes deben desempeñar su trabajo en las peores condiciones. Contratados por hora, en 72% de los casos con un contrato temporal y sufriendo toda clase de arbitrariedades por parte de la burocracia en turno de escuelas y facultades, como son cambios de horario, de materia y dilación en los pagos. Para estos profesores trabajar una hora por semana les significa un ingreso mensual de entre 273 y 310 pesos a partir del 1º de febrero de 2018, y dado que en la UNAM existe la política de restringir al máximo el número de horas contratadas por profesor, más de 50% de ellos no rebasan las 10 horas semanales, por lo que su ingreso cuando mucho será de 3 mil 100 pesos al mes.

También es interesante observar el crecimiento de las distintas categorías del personal académico de la UNAM. En el periodo de 2000 a 2006 el número de nombramientos de académicos aumentó 14%, siendo los técnicos académicos de docencia y los ayudantes de profesor los que registraron el mayor crecimiento, con 30% cada rubro; los profesores de asignatura aumentaron en 12% y los de carrera crecieron 7.4%. En el sexenio siguiente, 2006-2012, debido a los efectos de la crisis financiera de 2008, la UNAM se vio muy afectada, principalmente en el rubro de gasto corriente. Así, en dicho periodo el número de nombramientos sólo creció 9.4% y de ellos los técnicos académicos en docencia crecieron en 12%, los profesores de asignatura 14%, los ayudantes de profesor 24% y los profesores de carrera prácticamente no aumentaron (1.1%). Finalmente en el sexenio de EPN ya no se recuperó el crecimiento en el número de nombramientos del personal académico, ya que en conjunto crecieron en 9.0%, de los cuales los correspondientes a profesores de asignatura fueron los que se incrementaron más (11%), seguidos por los ayudantes de profesor (10%); los técnicos académicos de docencia crecieron apenas en 5.0% y los profesores de carrera un magro 0.6%, aunque hubo años durante este sexenio en que estos académicos vieron reducir su número, como en 2014 que disminuyeron en 1.4%.

Ahora, con las campañas presidenciales a la vista, empezamos a vislumbrar qué le depara a nuestra institución. El candidato José Antonio Meade ha dicho de manera enfática que de llegar a la Presidencia del país incrementará los salarios de los integrantes de las Fuerzas Armadas y, en armonía con esa propuesta, EPN decretó el pasado 19 de febrero un incremento de mil pesos mensuales para el personal de tropa, equivalente, según información oficial, a 20% del salario; es decir, se estaría considerando que el salario base de este personal es de 5 mil pesos mensuales, aunque debería aclararse que gracias a los “haberes” regulares que integran su salario, éste es de entre 9 mil y 10 mil pesos mensuales. Se trata de una institución que es considerada prioritaria por los gobernantes en turno, que en tiempos de paz cuenta con más de 200 mil integrantes, desde soldados hasta general de división y que está siendo ocupado en tareas que no le corresponden.

Estamos en una situación de emergencia social, no de emergencia de la seguridad nacional, que urge a priorizar necesidades y no justificar el crecimiento en número y en percepciones de los integrantes del Ejército. Instituciones como la CEPAL han planteado la necesidad de llevar a cabo medidas que planteen mejores condiciones de desarrollo social que elimine los lacerantes efectos de la desigualdad que hoy vivimos. Y en ello la educación sí es estratégica y prioritaria.

Profesora de la Facultad de Economía
e integrante del CACEPS–UNAM

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