¿Violencia feminicida subestimada?

Editorial EL UNIVERSAL

La violencia de género es, sin exagerar, uno de los temas que más tendrían que preocupar y ocupar a nuestras autoridades. Hablamos de múltiples formas de agresión, hostigamiento, vulneración de derechos y abusos hacia prácticamente la mitad de la población mexicana, muchas veces como un modus vivendi cimentado en anti-valores machistas, que tienen en el feminicidio su culmen más terrible y criminal.

Por eso llama la atención que en la Ciudad de México, según el número de denuncias que llegan a las diferentes instancias locales, las autoridades tengan identificadas, solamente, a cerca de 500 mujeres con riesgo de feminicidio. Si en la capital de la República habitan 5 millones de mujeres, se trata de menos de 1% de la población femenil.

Quienes están en esta lista son mujeres que han sufrido dos o más hechos de violencia física de parte de sus parejas o ex parejas, y por ende se considera que está en riesgo su integridad. Según las propias autoridades, a estas mujeres se les brinda algún tipo de protección, ya sea por parte del Tribunal Superior de Justicia o de la Procuraduría General de Justicia capitalinas.

Pero, dado el creciente número de casos que se han ido conociendo en la capital —en los últimos cuatro meses los casos de Lesvy de 22 años, quien presuntamente fue asesinada por su novio en Ciudad Universitaria; de Anayetzin de 26 años, cuyo cuerpo fue encontrado envuelto en una sábana blanca dentro del clóset de la casa de su pareja sentimental; y de Victoria Pamela de 23 años, quien fue hallada muerta con huellas visibles de violencia en el baño de un cuarto de motel en la calzada de Tlalpan, el principal sospechoso es su novio— pareciera, por pura aritmética, que este conteo deja fuera una porción considerable del número real de mujeres que se encuentran en peligro.

El hecho de que el dato esté sustentado en las denuncias recibidas le otorga cierta coherencia, explica lo ínfimo de la cifra y también evidencia el bajo número de denuncias —que a su vez puede atribuirse a desconfianza y escepticismo ciudadano hacia la labor de la autoridad—, pero esto no debería tener tranquilos a quienes encabezan las instancias de seguridad.

Porque no hay duda que hace falta redoblar esfuerzos en campañas para promover la denuncia entre mujeres que sufren violencia. Las víctimas deben saber que tiene y pueden tomar precauciones judiciales, jurídicas, de documentación de ellas, de sus hijos, de sus bienes y de su integridad física.

Pero más importante aún, si se considera que la violencia feminicida se origina en cánones sociales, hacen falta campañas educativas, desde y para todos los ámbitos sociales, para crear conciencia entre la población de la gravedad de todas aquellas pequeñas acciones violentas, aparentemente inofensivas, que en conjunto constituyen esta lacra social.

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