En una situación ideal, la mejor protección del medio ambiente sería la que cada persona lleve a cabo con la convicción de que cuidar el planeta garantiza bienestar y salud, además de representar un legado para generaciones futuras. Sin embargo, ante la realidad de desinterés y de poco conocimiento del tema, la responsabilidad en la protección del entorno recae en los gobiernos y en organizaciones civiles.

La administración pública ha creado leyes e instituciones que tienen como objetivo la vigilancia y protección de la biodiversidad del país. Sin embargo, los resultados no siempre son los mejores.

En entrevista que presenta hoy EL UNIVERSAL, Julia Carabias, ex secretaria de Medio Ambiente, hace una evaluación puntual de la situación ambiental en el país, el cual no queda en la mejor posición.

De inicio, en uno de los temas que ha llamado la atención de la comunidad internacional, el de la preservación de la vaquita marina –cetáceo en grave riesgo de extinción, que únicamente habita en aguas nacionales–, la maestra en Ciencias considera que las labores de rescate no llegaron tarde, pero lo que no se realizó a tiempo fue la prohibición de la pesca en el Alto Golfo de California, por lo que el problema de la captura de la totoaba afectó a la población de vaquitas.

Otro flanco débil mencionado por la especialista está relacionado con los activistas ambientales. Las intimidaciones son una constante en su actividad diaria, se encuentran en una situación de vulnerabilidad en sus acciones de defensa de la naturaleza y únicamente se valen de sus palabras para enfrentar intereses muy poderosos tanto económicos como políticos.

Sobre Profepa, dependencia que tiene la instrucción de proceder judicialmente en temas ambientales, la situación tampoco es la mejor. El tema de protección ambiental nació tarde en México, siempre ha tenido recursos escasos y ante cualquier ajuste económico su presupuesto se reduce aún más, lo que imposibilita el cumplimiento cabal de sus responsabilidades.

En medio de compromisos internacionales para contener el cambio climático, de frecuentes periodos de elevada contaminación ambiental en la capital del país y del deber moral de preservar especies en peligro de extinción, el diagnóstico de una voz autorizada resulta fundamental para evaluar el desempeño mexicano en la materia y, así, corregir lo que no funcione y consolidar lo que marcha bien.

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